Saltar a navegacin

Sobre el nuevo terrorismo internacional 5 Febrero 2008

Posteado por Benegas en : Temas , comentarios cerrados

En la lucha contra el terrorismo resulta esencial que el diagnostico sobre lo que tenemos enfrente sea lo más correcto para diseñar una estrategia lo más efectiva posible a la hora de combatirlo.

Parece evidente que el nuevo terrorismo no tiene territorio concreto, ni patria determinada; la globalización lo impregna todo, incluida la internacionalización de la violencia. El terrorista y sus apoyos se pueden encontrar en cualquier parte del mundo, lo mismo que sus refugios y lugares de entrenamiento. El nuevo terrorismo no busca la desestabilización de un Estado, el derrocamiento de un gobierno o el acceso al poder político en un país concreto. Es principalmente un terrorismo de respuesta irracional que pretende hacer el mayor daño posible a sus supuestos enemigos tratando de demostrar que sin grandes ejércitos se puede golpear duramente en el corazón de los países más desarrollados. Para ello recurre a las matanzas más execrables dirigidas prioritariamente contra la población civil. El terror lo consiguen asesinando a ciudadanos indefensos. Uno de los instrumentos que usan es el del terrorista suicida que se inmola en la acción de destrucción indiscriminada y que por sus características es uno de los más difíciles de combatir y detectar. Como todo terrorismo tiene un claro componente de fanatismo fundamentalista que en este caso además se nutre de un vector religioso derivado de una interpretación aberrante del Islam, que necesita sustentarse en el odio. Además parece que gozan de recursos económicos suficientes o que no tienen serias dificultades para obtenerlos. Para comunicarse ya no disponen sólo de “correos” personales sino que también saben aprovecharse de la revolución que supone Internet. Es preciso señalar que no estamos ante una única organización, sino que al parecer son más de sesenta protegidas por un paraguas común que es Al Qaeda, lo cual hace más difícil su desarticulación.

En la lucha contra el terrorismo es esencial saber si la decisión de la utilización de la violencia tiene su “causa” en un conflicto real o no. Muestra de este segundo supuesto pueden constituirlo las Brigadas Rojas en Italia, la Banda Baader Meinhoff en Alemania o los Grapos en España. En estos casos con buena información y eficacia policial es suficiente para combatirlos. En el primer supuesto, si el conflicto es real, tendrá un apoyo social determinado y si además se nutre del nacionalismo excluyente o del fundamentalismo religioso estamos ante una forma de violencia que no es fácil de combatir ni de derrotar definitivamente.

En el caso del nuevo terrorismo internacional existen elementos suficientes como para señalar que se alimenta de conflictos reales que utiliza como bandera de sus movilizaciones y acciones violentas, siendo los más notorios la situación del pueblo palestino en el Medio Oriente, la ocupación militar de Irak, las amenazas latentes sobre Irán y Siria y la demostración de que el actual gobierno de U.S.A recurre sistemáticamente a la fuerza para resolver los conflictos. A partir de esta acumulación de problemas y agravios se construye la teoría de la agresión de la primera potencia de Occidente y sus aliados contra el mundo árabe y la propia civilización islámica. Espero que no se confunda la mención a determinados conflictos como si se hiciera a modo de justificación del terrorismo. Todo lo contrario, creo que ningún terrorismo tiene justificación y que por ejemplo la causa palestina sería más digna si determinadas organizaciones que han utilizado el terrorismo y pertenecen a la OLP no lo hubieran hecho. Los civiles judíos muertos en atentados contra autobuses, discotecas, manifestaciones, mercados, etcétera, han envilecido la causa palestina incrementando el apoyo al radicalismo sionista y dificultando cualquier pacto de estabilidad para el futuro. Esto es tan cierto como lo es el que un problema mal resuelto durante décadas pueda generar acciones terroristas cada vez más espectaculares desde la desesperación.

Por lo tanto el nuevo terrorismo construye sus justificaciones y argumenta la necesidad de sus brutales atentados a partir de conflictos que son reales y que incluso se agrandan a través de la propaganda en la mente sectaria y fanatizada de los violentos. Todo terrorismo de esta naturaleza logra un apoyo social más o menos amplio también en virtud de cómo se explotan los sentimientos de las víctimas de las poblaciones afectadas. En su consecuencia uno de los parámetros básicos de la lucha contra un terrorismo de estas características consistirá en disminuir y restar apoyo social a la causa de los violentos. Si combatimos el terrorismo en nombre de la defensa de los derechos humanos, primordialmente el derecho a la vida, la democracia, la tolerancia y la paz no pueden nuestros países, con la excusa de las exigencias de la lucha antiterrorista, utilizar los ejércitos regulares para perpetrar matanzas civiles, ocupar países utilizando la brutalidad de la fuerza contra ciudadanos indefensos, torturar prisioneros, no respetar las normas mínimas sobre la guerra pactadas en la Convención de Ginebra y en sus posteriores desarrollos y practicar el terrorismo de Estado selectivo. Es decir no podemos comenzar a parecernos a los terroristas que combatimos.

No conviene olvidar que ya todo es televisado. Se podrán ocultar muchas cosas pero el mundo árabe también tiene la posibilidad de ver todos los días, niños, mujeres, ancianos y, por qué no, hombres inocentes pertenecientes a su cultura y al mundo islámico asesinados por los ejércitos regulares y en el caso de los palestinos por parte de Israel. Cada bombardeo televisado sobre una ciudad del mundo islámico genera sentimientos de odio hacia el mundo occidental pudiendo tener un efecto movilizador del terrorismo integrista.

Este tipo de acciones además no está siendo eficaz. El de la efectividad pudiera ser el último argumento de los partidarios de la “respuesta brutal”, pero no está siendo así. Hoy hay más terrorismo y más inseguridad en el mundo que antes de la guerra de Irak. Parece que el nuevo terrorismo internacional no se combate eficazmente invadiendo países porque como señalábamos al principio una de las características del mismo es que no tiene territorio, ni patria, lo cual no quiere decir que no operen en determinadas partes del mundo donde hay que buscarlos y combatirlos. Un problema tan complejo requiere de una solución elaborada en el ámbito de una “inteligencia superior, sutil y coordinada”, y no debería quedar en manos de los halcones que reducen todas las alternativas a la mera utilización de la fuerza.

Si las anteriores líneas sirven como contribución a una aproximación, a un diagnóstico de urgencia sobre el nuevo terrorismo internacional, se puede comenzar a sentar unas bases estratégicas sobre qué hacer y como combatirlo:

a) El fenómeno que tenemos enfrente tiene carácter mundial. Si así lo deciden los terroristas pueden actuar en cualquier parte del mundo. En su consecuencia la respuesta no puede ser unilateral sino que debe concitar el más amplio consenso en el concierto de las naciones para demostrar fuerza y cohesión uniendo al mundo libre en la lucha contra el nuevo fanatismo fundamentalista que pone en peligro la idea de una humanidad presidida por la concordia y la tolerancia.
b) La respuesta debe ser democrática y limpia. No se pueden utilizar los mismos o peores métodos que los terroristas. Si las organizaciones violentas que tenemos enfrente no tuvieran apoyo social, se pudiera discutir, al margen de consideraciones éticas, la necesidad de la “respuesta brutal”. La experiencia demuestra que cuando los terroristas tienen apoyo social no se deben generar ni nuevos héroes, ni más mártires, ni más sentimientos de odio, ni más víctimas civiles, ni más muertos innecesarios. La respuesta tiene que ser dura pero democrática y selectiva. Debe operar el principio de “precisión”: cualquier acción debe afectar sólo a los terroristas, no a ciudadanos inocentes aunque vivan a veinte metros de aquellos.
c) Los conflictos reales no resueltos que se encanallan y perpetúan en el tiempo constituyen un soporte argumental y un vivero de futuros terroristas. Una de las prioridades en la lucha contra el nuevo terrorismo mundial debería ser, por ejemplo, resolver, calmar o apaciguar el conflicto judío – palestino en el Medio Oriente. Es imposible pensar que las partes implicadas, por el odio acumulado, puedan ser capaces de alcanzar un armisticio o un camino que conduzca a la paz. Ésta debe ser impuesta mediante una acción coordinada por U.S.A, la Unión Europea, Rusia y los países del mundo árabe que estén de acuerdo con el cumplimiento de las resoluciones de la O.N.U. Impuesta quiere decir de obligado cumplimiento con presencia de tropas internacionales que garanticen el respeto de las nuevas fronteras y los pactos de convivencia vigilada que se alcancen.
d) El mundo árabe o el Islam, como se prefiera, no es homogéneo ni en las formas de Estado, ni en el grado de respeto a la democracia, ni en el componente religioso del Estado. Existen países árabes amigos, deseosos de colaborar con occidente y de desmentir que el problema es el de un choque de civilizaciones. El mundo occidental debe extremar al máximo las relaciones con éstos países, cuidarlos con esmero y convertirlos en aliados en la lucha contra el terrorismo para esgrimir ante el fundamentalismo islámico que las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento pueden ser mucho más beneficiosas que las del enfrentamiento basado en el agrandamiento de las relaciones de odio y del “rencor global”. Se trata de establecer “zonas de confianza”, que produzcan descompresión, disminución de la tensión y reducción de las tendencias extremistas. Vistas las características del nuevo terrorismo mundial no es complicado llegar a la conclusión de que uno de los elementos de que se nutre y le sirve de movilización es el odio hacia el mundo occidental. Todo lo que contribuya a generar este tipo de sentimiento debe ser radicalmente descartado.
e) Es evidente que además de lo que antecede es esencial para alcanzar el éxito, disponer de buenos servicios de información vinculados internacionalmente, desarrollar una eficaz estrategia de infiltración, utilizar a los mejores técnicos en informática para detectar las conexiones que se produzcan a través de la red, contar con expertos en el mundo islámico y sus múltiples variantes, y finalmente atraer al mayor número posible de musulmanes en cada país decididos a colaborar y a luchar contra el terrorismo. Todo ello además requiere de una seria y profunda coordinación internacional .

Transparencia democrática. Eficacia de los servicios de información. Disminución del odio y de los apoyos sociales mediante la resolución de los conflictos más sangrientos y máxima coordinación internacional constituirían los ejes básicos de una estrategia global en la lucha contra el nuevo terrorismo.

Fuente: Temas

Visca Espanya!! (09/10/2004)

Posteado por Benegas en : El País , comentarios cerrados

Así titulaba un magnífico artículo Juan Maragall, recogido en un bellísimo libro que recopila la correspondencia entre este y Miguel Unamuno. “Porque en este `Visca Espanya´ – decía- caben todos los que estiman a España en espíritu y en verdad. Los únicos que no caben son aquellos que no quieren caber, los enemigos de la España verdadera”. El gran poeta catalán le insistía a Unamuno acerca de la necesidad de desarrollar “el alma ibérica”, contestándole Unamuno a este requerimiento: “¡El alma ibérica! ¡Qué ensueño! Pero nos lo turban castellanistas, bizkaitarras, catalanistas, portuguesistas, andalucistas, etc, que no castellanos, ni vascos, ni catalanes, ni portugueses, ni andaluces etc”.

Hoy España es un proyecto-realidad de convivencia en libertad para todos los pueblos que la componen. Desde mi punto de vista las prioridades de esta legislatura deberían coincidir con las reivindicaciones más sentidas por los ciudadanos que creo no se corresponden con la necesidad de las reformas estatutarias planteadas por los responsables políticos. En todo caso la cuestión está sobre la mesa y deberíamos ser capaces de acertar en la solución actualizando el consenso del 78, empeño este que no está exento de dificultades y riesgos. En primer término porque puede haber tendencias que de tapadillo o abiertamente, (caso vasco), intenten situarnos en un nuevo proceso constituyente, o se abra camino un adanismo que pretenda inventarlo todo otra vez desvirtuando los logros de estos 25 años de máxima descentralización política y administrativa que no tiene parangón en el mundo moderno. En la medida en que tengan audiencia estas posiciones se corre el riesgo de deslegitimar la transición y el proyecto que se desprende de la constitución de 1978. Dejemos claro de una vez por todas que se trata de una actualización del modelo después de cinco lustros de un satisfactorio funcionamiento.

No he entendido desde hace tiempo porque la izquierda no ha defendido como plenamente suyo el proyecto de “La España autonómica” que con carácter “sui géneris” surge del pacto que desemboca en la Constitución del 78 y que la derecha española no compartió y sin embargo defiende hoy como propio. En muchas ocasiones la izquierda difuminaba este proyecto dándole un carácter federal o federalizante cuando la vía del autogobierno a través de los estatutos creo que se adecua mejor a las necesidades de los problemas que había y que hay que afrontar en España. De repente la idea “federalizante” ha sido sustituida por la fórmula de “ la España plural y diversa” confundiendo inexplicablemente lo que es una realidad social y política con un sistema. España ha sido plural y diversa siempre, incluidas las etapas de autoritarismo en las que el sistema no era ni plural ni diverso pero la sociedad española sí. Decir que España es plural y diversa es una obviedad, es una descripción, no es un sistema político. Si queremos formular un proyecto para esa España plural y diversa tendremos que concretarlo y desde mi punto de vista no hay mejor camino que el del autogobierno de las nacionalidades y regiones que componen España iniciado a través de los estatutos de autonomía que posibilita la Constitución del 78. La izquierda debería reivindicar como modelo de Estado propio el que se desprende del “Estado Autonómico” sin más adjetivos calificativos que el de la solidaridad específicamente señalado en el artículo 2º de la Constitución. Además se corresponde con la verdad histórica de nuestro proceso democrático.

No debemos constitucionalizar la expresión “nacionalidades históricas”. El texto del 78 no lo hace refiriéndose a los “territorios que en el pasado hubieren explicitado afirmativamente proyectos de Estatuto de Autonomía….”. Es decir se utiliza la expresión “territorios” aunque si bien es verdad que en el artículo segundo se garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. La Constitución no utiliza la expresión “históricas” creo que con criterio sumamente acertado, porque todos los pueblos de España son históricos en el sentido de que todos tienen su historia y muy rica y entra en el terreno de lo subjetivo el valorar su grandeza o su medianía pero no debería conducir a crear distinciones entre unos y otros.

Lo anterior nos aboca a un tema que deberíamos haber despejado a estas alturas en el seno de la izquierda. Los pueblos no tienen esencia. No hay un ser vasco, andaluz, catalán, etc porque nuestras sociedades son fundamentalmente plurales. Vascos son Arana y Unamuno y es difícil encontrar un elemento común entre ellos salvo su nacimiento en Bilbao, aunque no en el mismo barrio. Los pueblos no tienen por lo tanto esencias sino que vienen marcados por una historia compartida. Es esta la que va dejando un poso identitario difícil de definir pero imposible de negar. Desde un punto de vista progresista la identidad debe estar impregnada por el dinamismo del cambio. El pasado marca indudablemente pero lo que soy y quiero ser va a conformar una identidad necesariamente plural y en movimiento además del signo distintivo de poner una Lengua Propia. Desde esta perspectiva la propuesta de hacer un listado de las Comunidades Autónomas añadiéndoles a continuación un calificativo gradualista según sus méritos, es decir, nación, nacionalidad, región, archipiélago, ciudad, etc, es un despropósito. La Constitución puede, si se quiere, señalar que España se compone de diecisiete Comunidades Autónomas y dos ciudades mencionándolas por su nombre, pero nuestro texto magno no debe nunca calificarlas conceptualmente porque este esquema solo puede ser aceptado por los que pudieran situarse en la primera categoría. Ninguna Comunidad Autónoma puede aceptar políticamente ser calificada de segundo orden sobre todo si el barómetro para concretar su ubicación se sitúa en el mayor o menor alejamiento de la España que tiene una historia común. Es decir cuanto más se cuestiona el proyecto del 78 soy más nacionalidad y cuanto menos se pone en entredicho soy región intrascendente. Esta dialéctica conduce inevitablemente al levantamiento de los techos autonómicos por parte de todos.

España no es una nación de naciones, como se dice habitualmente un primus inter pares, como si la suma de las “características” de los pueblos que la componen produjera un nuevo producto social. España se forja como Estado-Nación en el transcurso de más de quinientos años de historia compartida que forjan una señas de identidad sobre todo hacia el exterior que es imposible negar y que posee además una lengua oficial hablada hoy por cerca de cuatrocientos millones de personas. En el debate constituyente una de las cuestiones más controvertidas fue la inclusión de la palabra nacionalidad como uno de los elementos definitorios de los territorios que componen España. En aquel entonces se utilizó la palabra nacionalidad en el correcto sentido con que fue empleada en el siglo XIX para conceptuar a naciones pequeñas que están integradas por las razones históricas que sean dentro de un Estado-Nación, reservando la expresión nación para aquellas que disponen de una estructura estatal propia. Por lo tanto soy partidario de mantener la formulación contenida en la Constitución del 78 en el sentido de seguir sosteniendo que España está compuesta por nacionalidades y regiones. Formulación esta que cobra todavía más sentido político por cuanto que la Constitución europea que vamos a aprobar próximamente señala en su artículo quinto que la “Unión respetará la identidad de sus Estados miembros, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos, también en lo que respecta a la autonomía local y regional.”

Otra cosa diferente es que seamos conscientes de que el País Vasco y Cataluña presentan problemas políticos que son reales y que no existen en otras Comunidades, como por ejemplo el que haya un porcentaje de ciudadanos de estos territorios que no se sienten españoles y pretenden otra formulación de estado diferente a la actual. Estamos ante un problema político y de esta naturaleza deberá ser la solución. Quizá no podamos aspirar más que a “conllevar” como decía Ortega y Gasset los problemas con estos territorios pero en todo caso cualquier fórmula que pueda ayudar a resolver las cuestiones planteadas por determinados sectores del País Vasco y Cataluña, debe ser sobre todo entendida y asumida por las demás Comunidades como la solución definitiva a un problema de integración y en ningún supuesto puede significar privilegio o discriminación, ni tampoco concesiones gratuitas periódicas sin que se resuelva el problema de fondo que late en algunos planteamientos, es decir la unidad del Estado.

Decidimos en el 78 que la soberanía nacional residía en el pueblo español representado a través de las Cortes Generales. Por lo tanto ninguna decisión de otro ámbito aunque sea por unanimidad puede pre-condicionar la autonomía del Congreso y del Senado para tomar las decisiones que entiendan oportunas los diputados y senadores que representan a la soberanía nacional. Políticamente una propuesta si viene ampliamente apoyada tendrá muchas posibilidades de ser aprobada, pero solo lo pueden decidir los plenos del Congreso y del Senado reunidos a tal fin. Es decir lo que aprueben los Parlamentos Autonómicos puede ser apoyado, rechazado o enmendado por las Cortes en el ejercicio de su soberanía y solo tiene derecho de veto democrático la mayoría cuando rechaza la toma en consideración de alguna iniciativa parlamentaria. Estas reglas del juego además son sabias porque conducen al pacto y al acuerdo.

La izquierda no puede abdicar de la idea del Estado como instrumento básico para desarrollar las políticas de redistribución, luchar por la igualdad de oportunidades, combatir la exclusión, garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, implementar políticas de defensa del medio ambiente, combatir el terrorismo etc. Un sano criterio descentralizador no debe llevar a la socialdemocracia a preferir el Estado anoréxico al Estado fuerte y eficaz, ni a caer en la simplificación de que todo lo que es reivindicación autonómica es bueno y está legitimado o que la defensa de instrumentos esenciales en manos del Estado es un atavismo recalcitrante. Desde hace algún tiempo invoco una frase de Jose R. Recalde que me llamó la atención en el sentido de que el “máximo autonómico puede no coincidir con el óptimo autonómico”. El Estado anoréxico es por razones diferentes un objetivo de los neoliberales partidarios del mínimo intervencionismo estatal y de los nacionalistas porque si algún día llegara el momento del “tirón final”, este será más factible en el seno de un Estado debilitado que en uno solidamente implantado. No estoy reivindicando un jacobinismo de izquierdas, pero sí la defensa sin complejos de la España común, y de un Estado ampliamente descentralizado pero suficientemente cohesionado, moderno, eficaz y solidario necesario para jugar un papel relevante en la Unión Europea y en el complicado mundo en que nos ha correspondido vivir.

Fuente: EL PAÍS (09/10/2004)

Sobre los poderes del Estado (21/04/1995)

Posteado por Benegas en : El País , comentarios cerrados

Es preciso incluso que, en las acusaciones graves, el reo, conjuntamente con la Ley, pueda elegir sus jueces, o al menos que pueda recusar tantos que los que queden, puedan considerarse como de su elección“.

No teman; este pensamiento no es mío. Pertenece a Montesquieu. (Del Espíritu de las Leyes. Libro XI, Cap. VI). He querido comenzar así este artículo, alentado por las interpretaciones que sobre la supuesta independencia de los poderes públicos, hacen repetidamente quienes dan pruebas de que nunca leyeron a Montesquieu. Jamás este pensador tan invocado en la actualidad, defendió la independencia de los tres poderes clásicos, como se viene afirmando, ni tal tesis, creo, es sostenible en un Estado democrático, como expondré más adelante.

Montesquieu fundamentó la libertad política ( “la de los estados moderados”) en la necesidad de los contrapoderes, “en el equilibrio y control mutuo” de los poderes públicos, no en la independencia entre los mismos. “Para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder (…) Los tres poderes permanecerán así en reposo o inacción, pero como por el movimiento necesario de las cosas, están obligados a moverse, se verán forzados a hacerlo de común acuerdo”.(op. cit.).

En este sentido Montesquieu argumentó la necesidad de que unos poderes actúen sobre los otros en aspectos que hoy serían inadmisibles en una democracia. Me veo en la necesidad de abusar de las citas para corroborarlo. “Si el poder Ejecutivo no posee el derecho de frenar las aspiraciones del cuerpo Legislativo, éste será despótico, pues, como podrá atribuirse todo el poder imaginable, aniquilará a los demás poderes”. Y, concluye: “el poder Ejecutivo debe participar en la legislación en virtud de su facultad de impedir, sin la cual pronto se vería despojado de sus prerrogativas.” (op.cit.).

En lo que se refiere al poder Judicial, el pensador francés nos aporta una suerte de tipología en la que se recogen aquellos supuestos en los que debe ser sustituido e interferido en sus funciones por el Legislativo cuando el reo sea noble, la ley excesivamente rigurosa, o se trate de un delito contra el pueblo.

Dicho esto, cabría formular algunas preguntas en torno a la separación de poderes en el Estado de Derecho, a propósito de ciertas polémicas de particular actualidad.

¿Deben existir poderes independientes en una democracia? Desde mi punto de vista, ningún poder público debe estar exento de los controles necesarios que limiten su tendencia a constituirse en poder predominante a costa de los demás. Los controles deben ser mutuos. La complejidad de la cuestión se incrementa en las sociedades modernas, en las que no podemos reducir el sistema democrático a la existencia de los tres poderes clásicos sin incurrir en el riesgo de efectuar un análisis reducionista de la realidad. El cuarto poder, los medios de comunicación, (primero según muchos), los grupos de presión económicos opacos, la alianza judicial-mediática, con o sin apoyo de aquéllos, plantea la cuestión -que trasciende el objetivo de este artículo- sobre la existencia de nuevos poderes en las democracias no debidamente sometidos a los controles necesarios y mutuos que reclamaba Montesquieu para el buen funcionamiento de los “estados moderados”.

¿Son poderes independientes el Ejecutivo y el Legislativo? En los sistemas parlamentarios, no. Simplemente tienen funciones diferentes con controles mutuos. Baste recordar la capacidad del Ejecutivo para disolver el Legislativo y la de éste para controlar, exigir responsabilidades, o derribar al Gobierno. Además de ello, tanto el Ejecutivo como el Legislativo están sometidos al Tribunal Constitucional para mantener el imperio de la Ley (esto es, la vigencia de la legalidad) en sus garantías fundamentales.

Se invoca la llamada independencia del poder Judicial o incluso la del juez para situar a uno de los poderes del Estado al margen de los necesarios controles democráticos o de la crítica. Me permito discrepar señalando que la independencia individual del juez pretende garantizar la imparcialidad en su función jurisdiccional pero no puede ser esgrimida para enmudecer cualquier crítica que las actuaciones judiciales puedan suscitar.

El juez, como miembro individual de un poder público no puede preten-der en una democracia sustraerse a la crítica de sus conciudadanos, de la opinión pública o de los representantes de la soberanía popular ¿En virtud de qué fuero pudiera pretenderlo? Gumersindo de Azcárate, abundando en este aspecto, se pronuncia por “someter a la crítica las sentencias con que se terminan los juicios exigiendo a los que las dictan, aquella cuenta que todo funcionario del Estado debe estar dispuesto a dar de sus actos ante el Tribunal de la opinión pública, cuya jurisdicción tiene una esfera mucho más amplia que la taxativa y propia de los Tribunales encargados de exigir a los jueces la responsabilidad civil o criminal en que puedan incurrir” (de Azcárate. El régimen parlamentario en la práctica).

Así mismo, se alude a la independencia del juez para acallar las críticas sobre sus actuaciones. En este ámbito, la profusión de interpretaciones interesadas, obligan a insistir en lo que debería ser obvio: la independencia no es una prerrogativa o derecho del juez sino que constituye una garantía del reo o inculpado para preservar el derecho, que a éste le asiste, a un juicio imparcial. Dicho esto, se suscita la cuestión de si el derecho a la crítica de las actuaciones judiciales puede menoscabar su imparcialidad o indepen-dencia. Se supone que las personas que imparten Justicia deben tener la tem-planza suficiente y la madurez necesaria para mantener su independencia de criterio. “El juez no debe tener miedo mas que a una cosa: a ser injusto” (de Azcárate ob. cit.). Lo que resulta inaceptable es que se pretenda enmudecer cualquier voz discrepante aludiendo a la necesidad de independencia porque ello conlleva, entre otras cosas, presuponer la fragilidad personal y moral, o la inmadurez psíquica de quien tiene la gran responsabilidad de juzgar a sus conciudadanos.

El Judicial, además de un poder del Estado en las democracias moder-nas, constituye un servicio público de primera magnitud. ¿Puede un poder que a su vez constituye un servicio a los ciudadanos, no estar sometido a control ni a exigencia de responsabilidad alguna? Evidentemente no.

El sistema constitucional español configura un órgano de gobierno del poder Judicial, al igual que existen en otros países, con una composición mixta integrada por jueces y personas de reconocida trayectoria y prestigio en el ámbito del derecho. Sin embargo, en nuestro caso, el legislador a la hora de elaborar la Ley Orgánica del Poder Judicial olvidó algo importante. ¿Ante quién responde el órgano de gobierno de los jueces? No está determinado. Debería rendir cuentas ante el Parlamento en tanto constituye un servicio público esencial en las democracias, sobre el que a los políticos sí se nos exigen responsa-bilidades por las deficiencias en su funcionamiento. ¿Por qué a los represen-tantes del pueblo, sí, y a los que gobiernan el poder Judicial, no?

Muchas cuestiones me dejo en el tintero, pero no quiero concluir sin reafirmar, como representante del pueblo y como ciudadano, el derecho que me asiste para denunciar las violaciones de la presunción de inocencia y del secre-to sumarial a las que asistimos uno y otro día. Estas se producen en virtud de la alianza judicial-mediática, tan explosiva como obvia, (más las acusaciones particulares pagadas por personajes desestabilizadores) que conduce a entablar juicios paralelos, crear un estado de opinión pública propicio a la condena, sin que se haya podido ejercitar el derecho a la defensa que le asiste a todo ciudadano, porque el campo donde se dilucida la moralidad de las personas no es el de los Tribunales y las sentencias que dictan, sino el de la opinión pública que ha sido instruida antes de que se llegue a aquel trámite procesal. En este caso, el abuso de la prisión preventiva conduce inevitablemente, sobre todo tratándose de personas públicas, a una precondena.

No puedo dejar de mostrar mi extrañeza ante los procesos por procedi-mientos abreviados que se prolongan durante varios años, entre otras razones porque se transgrede el principio acusatorio ( la investigación de hechos concretos) y se emprenden investigaciones inquisitoriales y universales, que de una parte causan daño por su amplitud y prolongación indeterminada, de otra impiden que el proceso discurra en tiempo justo, cuando no conducen a la pérdida del juez en la propia maraña de la investigación y, por ende, a su incapacidad para terminarla. Qué decir, de las informaciones periodísticas que pretenden dirigir la investigación judicial, de la búsqueda intencionada del arrepentido ante la falta de pruebas, de la interpretación abusiva que algunos jueces hacen del vago y poco delimitado concepto de “inculpado”, o del de “alarma social” formulado con frecuencia de forma inconcreta y genérica para fundamentar la prisión preventiva, contribuyendo con ello a incrementar la inseguridad jurídica. Si, realmente, existe alarma social, no parece descabellado suponer que ésta no podrá superarse o acallarse posteriormente mediante una fianza. Son sólo ejemplos de una situación que requiere del restablecimiento de reglas claras para que principios del Estado de Derecho no sean vulnerados.

Es preciso que la Magistratura reencuentre su propio equilibrio entre la tentación de “ser la conciencia ética de la sociedad”, las normas de derecho que constituyen un sistema de garantías para el ciudadano, y la necesidad de utilizar el bisturí como advertencia social, pero sin llevárselo todo por delante, creando un “vacío de Estado”, un descrédito generalizado del sistema, a fin de cuentas, de una democracia joven que tiene mucho que aprender.

Nuestro país precisa de un debate serio y honesto sobre la Justicia, alejado de los oportunismos al uso y de la instrumentalización política de cualquier investigación judicial en curso. Un debate cuyo objeto no puede ser otro que el de fortalecer nuestro Estado de Derecho, tan invocado como maltratado.

Fuente: El País Madrid, 21 de abril de 1995

La causa vasca (23/01/80)

Posteado por Benegas en : El País , comentarios cerrados

Hace ya unos días leí en la prensa que algún partido, no recuerdo exactamente cuál, sin duda en un ataque de vesania, se refería a mi persona calificándome de traidor a la causa vasca. Todo es posible. No lo sé. Pero, dolido por el desbarro, reflexioné sobre qué era para mí la causa vasca. Fruto de pensamientos solitarios son estas consideraciones, que, lógicamente, tienen un carácter de introspección personal en cuanto a su contenido.Me siento vasco, pero solamente hasta el límite en el que me siento hombre sin más, al igual que los otros hombres que viven, trabajan, aman y mueren, por ahí, por el mundo, y por otros pueblos de España. Mi patria comienza en Euskadi y termina en ninguna parte, porque en mi vida, en mis capacidades afectivas e intelectuales, caben también otros pueblos, muchos, a los que amo y siento como al mío propio, y son también mi patria sin fronteras. Cuando se superan las fronteras en la solidaridad de los pueblos, en las mentes de los hombres no existe la necesidad de la independencia, que, en el fondo, siempre entraña miedo a convivir con otros.

No me enfervorecen las banderas, que, en cuanto se usan, se convierten en eso, en banderas; ni los himnos que enardecen a los pueblos tanto para las causas más nobles como para las más deleznables; ni los mártires, que los hay, y muchos, pero que cuando son de verdad permanecen en el anonimato; ni las tradiciones, porque, salvo alguna excepción, son aburridas; ni los territorios históricos, por que no conozco ningún territorio que no sea histórico; ni los fueros, no por nada, sino porque son viejos, pertenecen al pasado, y los pueblos deben caminar hacia adelante construyendo, día a día, su propia historia, sin la nostalgia permanente de revivir el pasado, que fue, pero que no es posible, al cabo de los siglos, resucitar con las arrugas frescas.
No me agrada, en absoluto, que este pueblo tenga que contar siempre con presos en las cárceles, produciendose esa extraña simbiosis ideológica de guerras y amnistía al unísono, no sabiendo uno exactamente si es que estamos en guerra o estamos en amnistía. O si tenemos que hacer guerra para poder solicitar después amnistía. O si nuestra amnistía es la guerra, porque en medio de nuestras incapacidades necesitamos tener presos para demostrar que existimos. Queridos compatriotas: que yo sepa, ahora las guerras producen dolor, muertes, miserias, presos y cárceles. Y las amnistías se producen, que yo sepa también, cuando se pone término a la guerra, que es lo que habría que hacer si fuéramos un país cuerdo.

Me indigna la muerte, estoy aburrido de la muerte. No soporto más que en este pueblo se mate como se mata. La muerte es contrarrevolucionaria en sí misma. Sólo quien defiende la vida como valor supremo del hombre y la libertad, podrá transformar la vida misma de todo un pueblo. ¿Cómo poder creer que los que matan con la frialdad de los desalmados puedan crear una nueva vida en Euskadi? ¿Y si pudieran? No. Muchas gracias. Han matado ustedes demasiado como para que la limpieza en los hombres y en los objetivos que debe presidir toda transformación social pueda ser posible en ustedes. Me ha correspondido en suerte vivir con cierta frecuencia la muerte de cerca, como para haber aprendido que el entorno que deja a su paso es peor que la muerte misma. Y si hay vascos orgullosos de sí mismos, yo siento vergüenza de lo que está ocurriendo en mi pueblo. Desearía no tener que volverme a encontrar con ese dolor que se ahoga en el sollozo, limpio y gravemente trágico al mismo tiempo, de un niño ante su padre asesinado. Desearía no tener que encontrarme a más viudas, con la rabia incontenida en los ojos quebrados por la muerte, cuando, de pronto, te arrancan, sin posibilidad ni siquiera de protestar, con la violencia extrema de lo irrecuperable, algo que era íntimamente tuyo, y que el vértigo de una metralleta convierte en recuerdo para siempre. Lucharé en Euskadi contra la muerte hasta mi muerte misma. No por nada. Sólo por decencia con la vida.

A veces me pregunto si este pueblo, que tanto ha sufrido, sabe vivir sin sufrir, o si, por el contrario, el sufrimiento no se ha convertido en algo consustancial a nuestro ser, sin el cual todavía no ha aprendido a existir. ¿Por qué ser vasco tiene que ser algo siempre tan traumático? ¿Por qué este pueblo no aprende a resolver sus problemas con calma, con paciencia, sin sangre, con espíritu abierto y negociador, sin agresividad? ¿Por qué nuestros más insignes políticos alardean siempre de volver de Madrid «con las manos vacías», como si volver con las manos vacías fuera un éxito del cual se pudiera alardear o fuera condición necesaria para pasar a la historia de Euskadi?

¿Por qué siempre, llorosos e incomprendidos, amenazan con el abandono o abandonan las instituciones democráticas, como viene de hacerlo el PNV? El Parlamento, única garantía de la débil democracia española, no es el Gobierno ni la UCID, es otra cosa más respetable. El CGV no es un instrumento de guerra con Madrid, para bien o para mal; por el momento, es el único órgano común de «gobierno» en Euskadi. Mal ejemplo el del partido mayoritario de Euskadi, que se aproxima en sus actitudes a, Herri Batasuna.

Y, mientras tanto, ¿quién se ocupa de nuestros males, de la crisis económica, de nuestra industria en bancarrota, del paro, de los 50.000 jóvenes que no encuentran trabajo, de la delincuencia que aumenta alarmantemente, del terrorismo, del impuesto revolucionario, de la sanidad, etcétera? Casi nadie. Nosotros no tenemos la culpa de que este país se esté hundiendo irremisiblemente. Nosotros somos buenos y santos y estamos limpios de todo pecado. La culpa de todos nuestros males la tienen los de fuera, esos señores de Madrid que no nos entienden. Nosotros lo hacemos todo bien, pero no tenemos competencias. ¿Por qué nos autoengañamos tanto?

Esta no es mi causa vasca. Ni la independencia, ni las banderas, ni los himnos, ni los fueros, ni las víctimas del terrorismo y del impuesto revolucionario, ni las discriminaciones, ni la intolerancia y la agresividad, ni la insolidaridad con España y sus instituciones democráticas, ni el autoengaño complaciente y fatuo, ni el silencio ante el gangsterismo son mi causa vasca. Lo siento. El fin supremo de la lucha del socialismo democrático es la consecuención del estado de la libertad, superador de la intolerancia, de la injusticia, de las desigualdades económicas, culturales y sociales, de las discriminaciones, de las alienaciones y de la primacía de los intereses privados sobre los colectivos, hasta conseguir que el hombre, en su corta existencia, sea libre en el seno de una sociedad solidaria y no esclavo de una sociedad deshumanizada.

Conseguir el estado de la libertad para Euskadi es por lo que trabajamos los socialistas, tarea que nos parece más importante, sin duda, sea dicho respetuosamente, que las permanentes jeremiadas y guerras que mantenemos con Madrid. La libertad empieza por el respeto a la vida. Me preocupa más la libertad de Euskadi que la lucha por la transferencia de competencias, que con calma y habilidad las conseguiremos, sin duda. Me preocupan más los 100.000 hombres y mujeres que no encuentran trabajo en nuestro pueblo, que, en este momento, Navarra. Es más importante que los ciudadanos accedan al euskera por cariño hacia una lengua que por imposiciones absurdas. Creo en la nueva España y me siento absolutamente solidario y comprometido con el difícil proceso por el que atraviesa de consolidación definitiva de la democracia y de transformación en el estado de las autonomías, experiencia esta única en el mundo con estas características, y que vale más la pena vivirla colaborando para que no se rompa que desentendiéndose del proceso, porque si éste se quiebra, con él caerá también la autonomía vasca. Creo en la Constitución que este pueblo dice haber rechazado, porque es una de las más progresistas de Europa, porque en ella ha tenido cabida un Estatuto como el de Guernica. Quiero alegría para mi pueblo. No un rosario de desgraciado dolor y frustraciones. Tengo a orgullo el haber negociado directamente la preautonomía, el haber dado los primeros pasos reivindicativos de la policía autónoma y el haber colaborado en la consecución del Estatuto de Autonomía.

¿Cuál es la traición de la que me acusa ese determinado partido?
Después de las reflexiones que anteceden, la respuesta es muy sencilla. La traición es no pensar como ellos.

Fuente: TRIBUNA: JOSE MARIA BENEGAS (EL PAÍS) (23/01/1980)