El liberalismo se viene abajo cuando surgen las crisis económicas. Todo su acerbo doctrinario sobre el libre juego del mercado y el discurso sobre el descrédito del intervencionismo estatal se derrumba. Sus acérrimos defensores, sin el más mínimo rubor, recurren al intervencionismo puro y duro. Hace unas semanas se organizó la marimorena porque Hugo Chávez, Presidente de Venezuela, decidió comprar, nacionalizar el banco de Venezuela, perteneciente al Grupo Santander, que por cierto estaba en venta. Ahora Bush se ve obligado a intervenir y nacionalizar dos grandes bancos americanos, Fanni Mae y Heiddie MAC, en buena medida responsables de las subprime y de la crisis financiera que estamos padeciendo, y no pasa nada, se justifican las medidas como necesarias. Me parece correcta esta decisión para evitar males mayores, pero por coherencia deberían dejar de llamarnos decimonónicos, atrasados o atrabiliarios a los que defendemos el intervencionismo del Estado para corregir los excesos, desigualdades e  injusticias que genera la economía de mercado.

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La ventaja de la contratación de mano de obra en el país de origen reside en que  puede ser graduada en función de las necesidades. La única manera seria de regular la inmigración es precisamente un sistema que se fundamente en la contratación en origen según las necesidades del país. Todos los temas relacionados con la inmigración son delicados porque estamos hablando en definitiva de personas, no de objetos intercambiables. No olvidemos nunca al abordarlos que hemos sido un país que ha tenido una fuerte emigración económica y política. En relación con esta última sólo  podemos tener palabras de agradecimiento por la acogida y trato que recibieron muchos compatriotas que llegaron a los países que los recibieron con lo puesto y sin papeles. Recordemos por lo tanto que hemos sido un país de emigrantes. Tratemos el problema con la mayor humanidad posible, porque detrás   de las cifras se esconde el drama de quienes tienen que abandonar sus países para intentar tener una vida digna.

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El verano ha sido especialmente cruento y doloroso en cuanto a las víctimas de  la violencia de género. Ya sabemos por las estadísticas que se produce un repunte de este tipo de violencia durante los meses de julio, agosto y diciembre, periodos en que se incrementa el tiempo de convivencia de las parejas. Por los datos que vamos conociendo es preciso destacar algunos para extraer consecuencias. De las mujeres asesinadas este año el 80% no había denunciado su situación, por lo cual de lo ocurrido no se pueden derivar responsabilidades hacia negligencias jurídicas, falta de control en las medidas de alejamiento, o ineficiencia policial. Simplemente el 80% de las víctimas no había denunciado su situación, supongo que por miedo,  por tendencia a minimizar el riesgo o por falta de conciencia social sobre lo que se debe hacer cuando en la relación de pareja se utiliza la violencia. Sí habían denunciado su circunstancia el 15% de las víctimas, y el 5%  la presentó pero la retiró posteriormente. El otro dato relevante es la baja conciencia social de los españoles ante el problema a pesar de la indignación que suscitan estas acciones criminales. Cuando en los sondeos se pregunta por los principales problemas que tiene la sociedad española sólo el 2,5% menciona la violencia de género. Es decir, la indignación se produce pero desde la distancia el problema no se siente de verdad. Queda por lo tanto mucho trabajo por hacer en el terreno de la conciencia social tanto en relación con las mujeres como en el conjunto de la sociedad.

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Ibarretxe y su equipo tienen  garantizado en el Tribunal de Derechos Humanos un ridículo  jurídico mayúsculo. Para acudir al mencionado Tribunal se tienen que haber agotado todas las instancias jurídicas españolas lo cual todavía no ha ocurrido. En segundo término la denuncia tiene que referirse a la vulneración de alguno de los derechos contenidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el llamado “derecho a decidir” no figura entre los mismos. En un magnífico artículo sobre el tema Joseba Arregui se pregunta: “Ahora nos enteramos de que el Lehendakari no tiene derecho a opinar, no ha podido opinar en todos estos años que ha sido Lehendakari, no ha dado ruedas de prensa, no ha hablado en el Parlamento vasco, en el Congreso de los Diputados, en muchos de los países de este mundo, en algunas de las universidades más famosas”. Tendrá difícil probar ante el Tribunal de Estrasburgo cómo se le ha privado del derecho a opinar. El PNV sigue siendo, independientemente del peso del Lehendakari en sus filas, un partido que tiene responsabilidades de gobierno pero al que el tactismo político, derivado de sus indefiniciones, le lleva con demasiada frecuencia a convertirse en movimiento de resistencia diluyendo sus responsabilidades como partido de gobierno.

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