Democracia y legalidad. 18 Noviembre 2008
Posteado por Benegas en : Siglo , trackbackLlevamos cuatro o no sé cuántos años oyendo un monodiscurso, situado al margen de la legalidad, primero sobre el Plan Ibarretxe que contenía, no lo olvidemos, un estatus especial para el País Vasco de libre asociación a España, que fue rechazado en el Congreso de los Diputados. Olvidada la idea de la asociación hemos asistido a la letanía monocorde y tenaz sobre el llamado derecho a decidir y la famosa consulta en dos tiempos, algo inédito una en 2008 y otra en el 2010, ésta planteada al margen de quien gobierne en Euskadi en ese momento. Es todo surrealista, incluso antológico, pero muy peligroso porque se juega, simplificándolo todo, con un sentimiento sano y es que a todo el mundo le gusta decidir.
Pues bien, mesiánico como es, fabricador de enemigos inexistentes a los que poder combatir como si se tratara de un Quijote con boina, una vez derrotado en todas sus batallas, nos cuenta dos nuevas falacias. Una, que el gobierno de España no ha respetado un acuerdo mayoritario del Parlamento Vasco y por lo tanto ha consumado un atropello democrático denunciable en Europa. Nuevamente con medias verdades se trata de confundir a la gente, y de dividirnos. Ibarretxe y su partido deberían saber que democracia y legalidad no son sinónimos siempre identificables puesto que hay decisiones democráticas que no son legales, y legalidades que no son democráticas. La decisión del Parlamento Vasco sobre la consulta es democrática, se adopta por mayoría, pero es ilegal porque el Parlamento Vasco no puede arbitrar nada en un tema sobre el que no tienen competencias, nos guste o no. Sintetizando, en fin con un ejemplo supongamos que el ayuntamiento X decide por unanimidad, que la sede de Naciones Unidas se instale en el 2010 en su ámbito territorial. La decisión es plenamente democrática, pero rotundamente ilegal porque donde se ubique la sede de Naciones Unidas no es competencia de un ayuntamiento. Por lo tanto si quisiéramos ser serios, el argumento del atropello de una decisión del Parlamento Vasco deberíamos de dejar de utilizarlo.
Pues bien, una vez hecha pública la decisión del Tribunal Constitucional sobre la consulta, Ibarretxe nos anuncia una nueva movilización del gobierno vasco, los partidos del tripartito y los ciudadanos para plantear, ni más ni menos, que una denuncia contra la democracia española, ante el Tribunal Europeo de derechos humanos. Nuevamente Ibarretxe nos plantea un sin camino. Primero porque él es Lehendakari en virtud de la democracia que pretende denunciar. Y, en segundo término, porque ni el Gobierno Vasco, ni los partidos, ni los ciudadanos que no hubieran puesto una denuncia en España sobre esta cuestión y hubieran agotado la jurisdicción española están legitimados para acudir al Tribunal de Estrasburgo.
No sé cuándo vamos a aceptar que vivimos en un mundo de soberanías compartidas y que cada cual puede decidir en su ámbito de competencias, pero no invadir las que son de otros porque tenemos garantizada la confrontación y casi todas las de perder. Si queremos más autogobierno planteemos el único camino posible, el de la reforma del Estatuto de Gernika como han hecho otras autonomías, Cataluña por ejemplo. Y si de verdad lo que se defiende es la independencia, el problema debería plantearse de cara no escondido en la abstracción que encierra el llamado “derecho a decidir” sin decir sobre qué. El gobierno vasco se ha convertido en una “institución de resistencia”, convocante de cadenas humanas de Vitoria a Gernika, que cuestiona la propia legalidad democrática, la que le dio vida, le permitió nacer y existir durante veintiocho años gobernando en Euskadi. No vamos bien, estamos en un sin camino. Espero que el año que viene podamos contar con un gobierno de nuevo signo.
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ya ha fijado la fecha para la celebración del juicio oral, 8 de enero de 2009, por la causa seguida contra Ibarretxe, Patxi López, Rodolfo Ares, Arnaldo Otegui y otros acusados, los primeros de cooperación en un delito de desobediencia. Este asunto es un despropósito jurídico total y debe recordarse que sobre el mismo se pronunció la Sala Segunda del Tribunal Supremo mediante un auto en el que se destaca que los hechos no constituyen un delito de desobediencia porque no había una orden expresa que prohibiera la reunión (…) y añade que sería un fraude constitucional que alguien pretendiese corregir la dirección de la política interior o exterior del Gobierno (se refiere a la lucha antiterrorista) mediante el ejercicio de una acción penal. Esa función corresponde a las Cortes Generales”.
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