La autonomía de la política. 3 Noviembre 2009
Posteado por Benegas en : Siglo , trackbackLa autonomía de la política.
Montesquieu nunca asentó sus teorías sobre los tres poderes clásicos, el ejecutivo, el legislativo, y el judicial, sobre la independencia de los mismos, sino que la fundamentó sobre la separación de éstos del absolutismo que los concentraba todos en la persona del monarca. Por el contrario Montesquieu construyó su teoría sobre el nuevo Estado invocando que cada poder tuviera un contrapoder correspondiente no de los contrapoderes sobre la independencia de los mismos. Así es en España desde la Constitución de 1978. Por ejemplo, el Presidente del ejecutivo es nombrado por el poder legislativo, y controlado por éste y puede ser cesado y sustituido, mediante una moción de censura parlamentaria. El poder legislativo tampoco es independiente, puede ser disuelto por el ejecutivo, y rectificado por el poder judicial a través del Tribunal Constitucional. La composición de la institución de gobierno del poder judicial la decide el poder Legislativo. Montesquieu nunca concibió la independencia del juez como un derecho de este. Se supone que quien tiene la facultad de juzgar a sus conciudadanos tiene la madurez y solidez personal suficiente para no dejarse influenciar de manera que sus decisiones sean tendenciosas, arbitrarias o injustas. Para Montesquieu la independencia del juez es un derecho del reo a ser juzgado de manera imparcial y sin injerencias. La teoría que se está instalando relativa a que no se pueden criticar las decisiones judiciales no es muy democrática. Conduciría a la situación de la existencia de un poder que decide sobre el destino de los ciudadanos y no da cuenta de sus decisiones ante nadie. Deben estar en todo caso ser aceptadas, pero pueden ser criticadas.
Dicho lo que antecede argumentaría que la teoría de la separación de poderes de Montesquieu está anticuada, no porque no sea correcta, válida y vigente sino porque en las sociedades modernas han surgido nuevos poderes que influyen de manera muy relevante en el funcionamiento de las democracias que Montesquieu no pudo analizar y que han adquirido una preponderancia tan importante o mayor que los tradicionales, como son los medios de comunicación en una sociedad fundamentalmente mediática, y los poderes financieros y económicos que actúan sin control de ningún tipo. Por tanto, en las democracias modernas no podemos hablar de tres poderes sino de cinco como mínimo, y en el caso español pudieran ser hasta seis si contamos la capacidad de influencia política de la jerarquía de la Iglesia Católica y su histórica inclinación a intervenir en los asuntos públicos tratando de imponer los principios o dogmas de una creencia religiosa a toda la sociedad, olvidando que en un estado democrático y laico la religión, cualquiera que sea ésta, pertenece al ámbito privado de los ciudadanos.
En este nuevo juego de poderes el político es el que más influencia ha perdido. En el ámbito económico hemos visto que los poderes económicos y financieros han campado a sus anchas y organizado un desaguisado sin ningún tipo de control, que pagaremos muy caro. Los Bancos centrales nacionales y regionales son independientes de los poderes políticos. El poder político sólo es reivindicado, cuando los partidarios del axioma “menos estado y más mercado” organizan un desastre económico como el que estamos viviendo y se vuelven hacia los poderes públicos para que se adopten medidas de salvación in extremis. Después, quien no ha sido el principal culpable de la situación es atacado con saña cuando adopta medidas intervencionistas porque todo es insuficiente.
El gobierno está sometido a la crítica de los medios de comunicación, además de la parlamentaria. En este terreno la delimitación de lo que es admisible o tolerable es confusa. Hay países en los que enarbolando la bandera de la libertad de prensa, por ejemplo, se hacen llamamientos golpistas. Cuando sectores de los medios de comunicación pasan del ejercicio de la crítica a querer gobernar el país o imponer decisiones a un gobierno legítimo la situación se vuelve intolerable desde un punto de vista democrático y si, además se utiliza el ataque ad hominem, personal y descarnado, es deleznable. El poder político democrático debe mantener su autonomía plena porque está elegido por los ciudadanos. No puede aceptar pactos de sangre ni chantajes. Debe ser libre hasta para equivocarse, y responder de sus actos ante el parlamento y ante los ciudadanos que decidirán su suerte en las correspondientes elecciones. La crítica desmesurada se percibe como tal y no es buena para quien la practica.
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