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Una huelga poco clara. 21 Febrero 2011

Posteado por Benegas en : Diario Vasco , comentarios cerrados

A lo largo de la historia del  movimiento obrero, más llena de fracasos que de victorias,  la convocatoria de  huelga general ha sido un recurso extremo. Así es   porque una huelga general es esencialmente política. Se convoca contra el Gobierno de turno, no contra los empresarios. En general  se pretende o bien la caída del gobierno o su  desgaste ante la opinión pública. Los sindicatos deben medir este objetivo de erosión porque la alternativa a un gobierno de izquierdas es siempre un gobierno de derechas.

Esta  huelga general tiene rasgos peculiares. En principio se decide  contra una reforma laboral cuyo contenido se desconocía en el momento de la convocatoria y se va a llevar a efecto  en una fecha en la que se ha consumado la aprobación de la misma por el Parlamento. Es decir, al final es una huelga general contra una decisión, aunque suene ampuloso, adoptada por la soberanía popular.

Los convocantes piden que se rectifique la reforma laboral. Desde esta perspectiva es una huelga inútil. Lo aprobado por el Parlamento no se va a modificar. Se añade  que la convocatoria es también contra la Reforma del sistema de  las pensiones. Reforma que, a día de hoy, no sabemos con exactitud en qué va a consistir puesto que su discusión se está desarrollando en el marco del Pacto de Toledo.

Habría que añadir que el Gobierno delegó, dejó en manos de empresarios y sindicatos la posibilidad de una reforma laboral pactada por los interlocutores sociales y que, tanto los unos como los otros, tras largos meses de negociaciones, dejaron pasar esta oportunidad a sabiendas de que, si no se producía el pacto, la decisión última habría que adoptarla el Gobierno sometido además a una crítica general   por su  tancredismo e inacción en esta cuestión. El Gobierno, conocedor a través del Ministerio de Trabajo de las posiciones de las partes, ha propiciado una reforma equilibrada teniendo en cuenta donde  situaban los interlocutores sociales  sus reivindicaciones.

En relación con la reforma en sí misma la indemnización por despido de los trabajadores que tienen contrato indefinido se mantiene igual, es decir 45 días por año. No conviene que se mienta sobre esta cuestión. Para luchar contra la precariedad laboral se crea un contrato de fomento de la contratación indefinida para incitar a empresarios a que opten por este modelo de contratación. Ante las dificultades económicas de las empresas  se introducen medidas flexibles  para evitar la opción del despido como solución (modelo alemán). Se creará un fondo de capitalización para los trabajadores a partir del 1 de enero de 2010 (modelo austriaco). Se incentiva el contrato de formación para jóvenes. En fin no parece que son medidas para rasgarse las vestiduras.

Esta huelga general, desde mi punto de vista,  es injusta con el Gobierno porque si ha habido un ejecutivo que ha tratado de navegar en medio de una crisis económica llena de imprevistos preservando las políticas sociales  ha sido el Gobierno que preside Rodríguez Zapatero. El gasto social durante estos años  de recesión  se ha incrementado porque se ha mantenido y ampliado la protección por desempleo y también el poder adquisitivo de las pensiones que arrojanda un saldo positivo en el periodo 2008 – 2011 por los niveles de inflación que hemos tenido. Es verdad que a la vista de la evolución demográfica hemos planteado la reforma del sistema de pensiones y un sacrifico a los funcionarios para reducir el déficit público. Los sindicatos no pueden olvidar que países más poderosos que España, como por ejemplo Alemania, ya han subido la edad de jubilación a los 67 años y anunciado el despido de 50.000 funcionarios, entre otras medidas.

Los sindicatos deberían ser conscientes de que lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la economía no es un problema estrictamente  español, y  que recientemente,  de una manera radicalmente injusta,  estuvieron a punto de sacarnos del mapa y situarnos como compañeros de viaje de Grecia. En estas circunstancias la convocatoria de una huelga general no es buena para España y creo que tampoco para los trabajadores. Escribiendo estas líneas me viene a la memoria una frase de Abril Martorell cuando era Vicepresidente del Gobierno: “El sindicalista más caro es el que lo pacto todo, hasta el desacuerdo”

De primarias y presupuestos.

Posteado por Benegas en : Siglo , comentarios cerrados

Cuando se debatió por primera vez en la dirección del Partido Socialista la posibilidad de introducir las primarias como método de designación de nuestros candidatos a las confrontaciones electorales, algunos votamos en contra porque no teníamos clara su conveniencia.

Ente los que se pronunció negativamente estuvo el Presidente del Partido Ramón Rubial. Su intervención invocó uno de los principios que había forjado su cultura de militante socialista: “Al compañero que se proponga él para un cargo no hay que dárselo”. Se dirá que eran otros tiempos y las cosas han cambiado. No lo sé, pero lo que no se puede negar es que el argumento tiene tanta fuerza como los que se utilizan a favor de las primarias.

El principal es el que aduce que no hay sistema más democrático que el que propicia el voto directo de los militantes. Y es cierto, sobre el papel el sistema es plenamente democrático. También lo sería el funcionamiento de un partido en régimen asambleario en el que todas las decisiones importantes se adopten por los militantes. Ésta última fórmula ha sido prácticamente descartada por todas las formaciones políticas porque conduce a la ineficacia y a la discusión permanente, y es claramente inviable cuando un partido, por ejemplo, tiene la responsabilidad de gobernar.

Felipe González ha dicho que el sistema de primarias estaría bien si lo aplicaran todos los partidos. Viene a decir que el sistema tiene costes y si fuera adoptado por todos éstos serían compartidos y asumidos también por todos.

Desde mi punto de vista el principal problema de las primarias, asumiendo que es plenamente democrático, no discuto este extremo, reside en que inexorablemente divide a las organizaciones. Los candidatos apoyados por “el aparato”, (nunca me ha gustado esta expresión) utilizan las estructuras del mismo en beneficio propio. El candidato opositor al “oficial” por entendernos, tiene que crear sus propias estructuras para poder desarrollar con un mínimo éxito su propia campaña. Todo esto divide a las bases del partido, rompe relaciones de lealtad y amistad, y el riesgo es que todo ello perdure en el tiempo más allá de la elección del candidato.

Todo esto no son más que elucubraciones sin pretender tener razón. Elucubraciones porque nuestra realidad orgánica es que por decisión democrática de un Congreso adoptamos  el sistema de primarias y está vigente. Sólo tres recomendaciones para los compañeros que tienen que afrontar este trámite: 1) Deben evitarse todos los ataques personales. 2) La confrontación debe ser sobre proyectos políticos, para que los militantes puedan elegir cual es el mejor para convencer a los ciudadanos de que nos voten en las elecciones. 3) Terminada la elección, hay que recomponer la unidad del partido y cerrar con la máxima generosidad las heridas si se hubiesen producido

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El otro gran tema de actualidad se centra en torno a los Presupuestos del Estado para 2011. Se ha hecho un planteamiento desde los medios de comunicación que se concreta en que se produce un acuerdo con el PNV o no hay presupuestos. Y se añade, la consecuencia de esta situación sería elecciones generales anticipadas. Creo que el Grupo Socialista debe escapar de este planteamiento y mantener una disposición al diálogo con todos los Grupos Parlamentarios  incluido el PP. También con  los que  han anticipado que sean cuales fueran los presupuestos votarán en contra como es el caso de CiU. Con este Grupo entiendo que hay que mantener la oferta hasta el último día. No debemos permitir que se desentiendan del futuro del país, en una situación en la que con el esfuerzo de todos pudiera iniciarse la recuperación económica, sin que tenga para  CiU, al menos, un coste de responsabilidad sobre los diferentes escenarios de futuro.

El Grupo Socialista creo que debe así mismo mantener que un posible desacuerdo presupuestario no aboca inexorablemente a elecciones anticipadas. Cabe otra posibilidad que es la prórroga presupuestaria con ajustes posteriores para cumplir nuestros compromisos de reducción del déficit público.

Necesidad de regular el derecho de huelga.

Posteado por Benegas en : Sin categoría , comentarios cerrados

El artículo 28.2 de la Constitución reconoce “el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regula el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.  Han transcurrido 32 años desde la aprobación de la Constitución y los españoles seguimos sin regular por Ley este derecho de los trabajadores. Los últimos acontecimientos están indicando la necesidad de abordar esta cuestión.

El 1 de julio  de 1992 el gobierno presidido por Felipe González remitió al Parlamento un proyecto de Ley regulador del derecho de huelga. El dirigente de UGT José María Zufiaur lo valoró como “un proyecto hecho con precipitación (…) y basado en un enfoque represivo del derecho de huelga que no podía servir  para consensuar tan delicada materia con los sindicatos”. Sin embargo, la dirección del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, entendió que una ley de huelga  pactada con los sindicatos les involucraba de modo ineludible en la posterior responsabilidad de su ejercicio. El Grupo Socialista tomó la iniciativa para alcanzar un pacto en esta materia  y obtuvo del gobierno el  beneplácito, no entusiástico, para intentarlo.

Por parte del Grupo Socialista los negociadores fuimos Eduardo Martín Toval, Francisco Marugán, José Barrionuevo y el que esto escribe. Comisiones Obreras designó  a José María Fidalgo y  Agustín Moreno,  y la UGT a José María Zufiaur  y Apolinar Rodríguez. Los sindicatos tenían la voluntad política de que la ley de huelga fuera una norma pactada con ellos, partiendo del principio de que la titularidad del derecho de huelga era de los trabajadores.  Los sindicatos también se entrevistaron con el resto de los Grupos Parlamentarios. Fueron muchas horas de negociación y de intensas discusiones. Finalmente se produjo el acuerdo y el Congreso de los Diputados aprobó, desde mi punto de vista, una magnífica ley de huelga, realmente innovadora. A los empresarios no les gustaba mucho, y a mi gobierno relativamente, aunque todos los pasos que dimos tuvieron el visto bueno del Ministro de Trabajo, a la sazón Luis Martínez Noval. El proyecto de ley se tramitó y se aprobó también en el Senado y estando de vuelta al Congreso coincidió con la circunstancia de que Felipe González disolvió las Cámaras y convocó elecciones anticipadas. Era el año 1993. Aquel proyecto de ley de huelga murió en el intento que acabó de referenciar, ya que después ningún gobierno posterior, ni tampoco los sindicatos se han planteado recuperarlo  y volverlo a tramitar en el Parlamento.

Uno de los principales problemas que tiene que resolver  cualquier ley que regule la huelga, es cómo se garantiza este derecho de los trabajadores preservando al mismo tiempo  los derechos y libertades de los ciudadanos cuya protección es responsabilidad de los poderes públicos. Pactamos lo siguiente: “A los efectos de la presente ley se consideran servicios esenciales de la comunidad, con independencia del régimen público o privado de su prestación, aquellos cuyo mantenimiento resulta necesarios para garantizar el contenido esencial de los siguientes derechos y libertades constitucionales protegidos: La vida; la integridad física; la protección de la salud; la libertad y la seguridad; la libre circulación; la libertad de información; la comunicación;  la educación y la tutela judicial”.

A continuación el proyecto ley señalaba 17 sectores y actividades en los que era necesario asegurar los servicios esenciales, que debían  ser pactados en “frío” y en el plazo de 12 meses a partir de la vigente ley entre las administraciones públicas responsables del servicio y las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito territorial afectado. En el caso de que existan empresas prestadoras del servicio podrán  estar presentes  en la negociación a los efectos de la concreción técnica de las prestaciones que garanticen el mantenimiento en los servicios esenciales de la comunidad. En el supuesto de que no se produzca el acuerdo, y después de la intervención de una Comisión de Mediación, si el desacuerdo persiste, el Gobierno, o la Comunidad Autónoma quedaban legitimados para establecer los servicios mínimos por decreto.

En la comunicación a la Administración o a la empresa que deberán efectuar los convocantes de una huelga deben notificar la composición del Comité de huelga y la identidad de sus miembros, que serán responsables de la vulneración de cualquiera de los preceptos de la ley. Entre estos se encuentran por ejemplo “la obligación de respetar la libertad de trabajo de quienes no participen en la huelga” (Art. 7.2). el funcionamiento de servicios de mantenimiento en aquellos procesos productivos cuya interrupción acarree graves perjuicios económicos a la empresa. Se señala con claridad que las huelgas rotatorias, las de celo o reglamento son ilícitas. Además se permite la intervención del Gobierno en casos excepcionales: “Cuando en el desarrollo de la huelga concurran circunstancias excepcionales de las que se deriven perjuicios especialmente graves a la economía nacional, el gobierno de la Nación podrá acordar que las discrepancias motivadas de la huelga se resuelvan por medio de un arbitraje obligatorio. (…) Una vez nombrado el árbitro quedará en suspenso la huelga. (Art. 10)

 Sería demasiado prolijo entrar en más detalles sobre otros aspectos de aquella ley. El objetivo de este artículo es recordar que existe un Proyecto de Ley de huelga aprobado por el Congreso y el Senado en el año 1993, que no entró en vigor por las circunstancias antedichas y que el Gobierno debería recuperar para que, con el acuerdo de los sindicatos, este país tenga una ley de huelga como mandata la Constitución.

Cuando todo se confunde.

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Creo que el Tribunal Constitucional debería ser un órgano eminentemente político, integrado por juristas,  pero político, porque su función primordial es interpretar textos políticos, como es por esencia la Constitución, y las leyes que emanan del poder legislativo. Fíjese el lector lo fácil que habría sido zanjar el problema creado en torno “a la nación catalana”, señalando que los propios catalanes en el artículo 1º del Estatuto abordan el problema y lo resuelven al haber  acordado una redacción del siguiente tenor: “Cataluña como nacionalidad ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto que es su norma institucional básica”. Esta redacción fue pactada por los partidos catalanes. Es un texto meridiano y perfectamente constitucional. El problema estaba resuelto simplemente con señalar la prevalencia del articulado sobre el preámbulo. Y ni siquiera hubiera sido necesario mencionar esto último por ser una obviedad. Un Tribunal político habría reafirmado el artículo primero del Estatuto como norma de aplicación sin más disquisiciones.

Se equivocan cuando en relación con la bilateralidad, la sentencia confunde Gobierno con Estado. Desde que en el primer Estatuto, el de Gernika, se instituyó la formación de una Comisión Mixta integrada por igual número de representantes del Gobierno vasco y del Gobierno del Estado para las transferencias de las competencias estatuarias, esta fórmula  fue trasladada a todos los demás estatutos de autonomía. Se establece una relación bilateral paritaria entre los gobiernos. Por tanto es una equivocación señalar que “la relación de la Generalitat y el Estado central no cabe entenderla como de igualdad. El segundo siempre ostenta una relación de superioridad respecto de las autonomías”. Esto es rigurosamente falso en la principal relación bilateral que se da entre CCAA y Gobierno central, puesto que las Comisiones – Mixtas de transferencias son paritarias y sólo pueden tomar decisiones por acuerdo entre las partes. No existe ninguna superioridad para imponer nada, exactamente igual que en la Comisión Mixta Generalitat – Gobierno del Estado para determinar la financiación, cuyo acuerdo definitivo debe ajustarse a los criterios de la LOFCA.

El Gobierno de la Nación sí tiene una capacidad sancionadora reconocida en el art. 155 en el supuesto de que una Comunidad autónoma actuare de forma que atente gravemente al interés general de España. Pero esto es una potestad conminatoria y sancionadora que nada tiene que ver con las relaciones bilaterales previstas en nuestro sistema autonómico.

Impera el cortoplacismo irreflexivo cuando se convoca una manifestación sin ni siquiera conocer el texto íntegro de la sentencia. Continúa la confusión cuando se afirma que el Tribunal Constitucional “ha herido y ofendido al pueblo de Cataluña innecesariamente”. Las sentencias ni hieren ni ofenden, o son justas o son injustas, ajustadas a derecho o no. No se pueden valorar por los poderes públicos en función de algo tan subjetivo como son los sentimientos. Y menos haciendo una interpretación colectiva de los sentimientos de un pueblo, porque éstos son plurales, no son unívocos, y los votantes del PP o de Ciutadans también forman parte del pueblo catalán, lo mismo que otros ciudadanos que sin pertenecer a estas opciones políticas no se han sentido heridos u ofendidos. La confusión continúa  cuando se califica la sentencia como una agresión de España a Cataluña. El Tribunal Constitucional es una institución del Estado, pero no es España. España como tal, y los españoles como sujetos individuales, no hemos agredido a nadie. Podemos tener nuestra opinión pero no somos agresores. Todas estas confusiones no provienen de errores en la expresión de lo que se quiere decir. Por el contrario tienen un objetivo muy meditado, enturbiar las relaciones entre Cataluña y el resto del Estado, para después argumentar a favor de sentimientos y opciones independentistas. El último desbarro es la queja consistente en que la sentencia se haya hecho pública el día anterior a la manifestación. Lo último ya seria que el T.C. tuviera presente el calendario de manifestaciones para saber qué días son hábiles para hacer públicas sus resoluciones.

 Por último sigo pensando que el texto, pregunta o cuestión que se somete a un referéndum  no puede ser cambiado, o modificado después de celebrado éste, porque sencillamente es un fraude. Lo que el pueblo vota en referéndum, si se aprueba tiene que ir a misa. Quedan tres Estatutos cuya reforma requiere de referéndum de ratificación, el vasco, el gallego y el canario. Los tres pueden tener sus complicaciones. Reflexiónese sobre la posibilidad de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad, tasado y con plazos breves para el Tribunal, para evitar lo que ha pasado con el Estatuto de Cataluña.

Ajuste y recuperación económica.

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La crisis financiera global obligó a los países más afectados a responder con medidas de rescate ante la amenaza de la quiebra del sistema bancario y con medidas de impulso fiscal, de estímulo de la demanda interna, de protección de determinados sectores industriales y de incremento en el gasto de protección al desempleo para paliar los efectos de la crisis.  Como consecuencia de estas medidas  consideradas como necesarias, se ha incrementado el déficit público y el endeudamiento de los países más afectados por la recesión.

Una vez salvado el crack financiero mundial por la Política, por los gobiernos y con dinero público,  volvemos a una situación  en la que los “mercados” y los flujos financieros especulativos vuelven a convertir a la política, a los gobiernos legítimos, a sus salvadores, en una especie de peleles que viven en un sobresalto continuo, obligados a  improvisar medidas de urgencia, para que los nuevos poderes mundiales financieros y especulativos no se lleven por delante a sus respectivos países.  Los causantes del desastre han sido salvados por los poderes públicos, con dinero público, y ahora pretenden campar otra vez a sus anchas, situando a la política como un poder a la deriva, que reacciona adoptando medidas generadas  por el  miedo, que no digo que no sea real, a que los mercados te avoquen a un averno económico.

A mi entender lo que era una crisis económica global, se está convirtiendo en una crisis europea. No es un desatino pensar que los ataques a países europeos concretos  son instrumentales porque lo que se pretende poner en cuestión es la zona euro, la unión monetaria europea. La tesis se sustenta en el razonamiento de que una moneda común no es viable entre países muy desiguales económicamente, que no tienen  una política fiscal coordinada y carecen de un gobierno económico común. La ampliación a veintisiete ha agudizado estas carencias. El ataque del capitalismo de Casino, como lo ha definido Felipe González, puede pretender poner en cuestión la unión monetaria europea.

La respuesta europea a la actual situación es cuando menos muy discutible porque es unidireccional, todo se centra en la reducción del gasto público y el cumplimiento del plan de estabilidad en el 2013. Desde mi punto de vista es imposible, por ejemplo,  que Grecia cumpla el plan de ajuste a que ha sido sometida.  Tendrá un coste social insoportable.

En la reunión del G-20 en Toronto se planteó la necesidad de adoptar medidas que regulen los mercados financieros, diluyéndose la decisión con el argumento de que la crisis tiene peculiaridades nacionales, y lo que es bueno para unos puede no serlo para todos. Recurriendo nuevamente a la autoridad de Felipe González,  éste ha afirmado con contundencia que  o se adoptan medidas urgentes en este sentido, o la segunda crisis sistémica se esta incubando ya.

La exigencia de una drástica reducción del déficit público y por ende de la deuda y los necesarios recortes presupuestarios en el gasto planteados en la Unión Europea, que ha suscitado algún comentario americano irónico sobre si nos estamos volviendo masoquistas, van a  retrasar  la recuperación económica, sobre todo en los países con un sector exportador débil como el nuestro. Alemania está imponiendo sus criterios de ajuste duro a los demás porque la fortaleza de sus exportaciones le va a permitir iniciar la recuperación a pesar de las medidas de contracción.

Retardar el crecimiento económico supone añadir más dificultades a la reducción del déficit y de la deuda pública. Sin crecimiento económico no se va a reducir el altísimo gasto en el pago del desempleo ni se incrementarán los ingresos del Estado, ni se animará el consenso interno.

Estando todos los países  en general agobiados por las medidas para reducir el déficit y la deuda pública, no acabo de entender porqué nadie, ningún país, plantea la necesidad de  flexibilizar el plazo para  cumplir el pacto de estabilidad alargándolo hasta 2014 – 15, situando el objetivo de 2013,  por ejemplo, en un 6%, y el de 2014 – 15 en  el añorado 3%. Sería algo más sensato para combinar los  ajustes necesarios con la recuperación económica como ha planteado Rodríguez Zapatero en Toronto. Se trataría de flexibilizar  los tiempos, no los objetivos.