“País Vasco, el pacto necesario.” 12 Mayo 2008
Posteado por Benegas en : El País , comentarios cerradosDel resultado de las pasadas elecciones de marzo en el País Vasco se pueden extraer al menos tres conclusiones: Una, el incuestionable éxito del socialismo vasco que no se puede explicar simplemente recurriendo al voto útil. El ascenso tiene más calado y se inició en las últimas elecciones municipales y forales. Dos, la posición de los partidarios del derecho a decidir y de sustituir el actual marco autonómico por una aventura difusa y confusa han perdido terreno frente a los defensores de la Constitución y la autonomía estatuaria, opción que ha resultado claramente mayoritaria en las últimas elecciones. Tres, para desgracia de todos ETA ha vuelto a asesinar en el País Vasco a una persona por sus compromisos políticos. No lo hacía desde que mataron a Joseba Pagazaurtundua en febrero de 2003.
Nuevamente una parte de los ciudadanos vascos vuelve a estar en el punto de mira preferente de la organización terrorista y constituyen dentro de la misma Comunidad Autónoma, una “sociedad perseguida”, que vive sin libertad plena. El Lehendakari y el nacionalismo vasco democrático deben entender que no somos un pueblo plenamente libre porque una parte no lo es. Siendo esto así, el primer objetivo para todos debería ser conquistar la convivencia de los vascos en libertad. No debiera haber otro proyecto político que tuviera más preeminencia que éste.
A esta situación de excepcionalidad democrática es preciso añadirle un elemento que lo complica todo más, cual es la peligrosa tendencia de una parte del nacionalismo a no respetar las reglas del juego democrático. De tal suerte, un día nos encontramos de improviso con una declaración del partido que nos gobierna anunciando unilateralmente en el Parlamento Vasco, que el Estatuto de Gernika había muerto. Así se enterró un gran pacto de convivencia pretendiendo sustituirlo por una imposición de parte expresada en lo que se conoce como “Plan Ibarreche”, felizmente desautorizado por el Congreso de los Diputados. A mayor abundamiento, tenemos un Lehendakari que no tiene reparos en formular propuestas que no respetan las reglas del juego cuando plantea para el País Vasco, por ejemplo, un estatus de libre asociación o anuncia un referéndum ilegal cuyo contenido, además, no ha sido posible conocer a día de hoy. ¿Qué nos quiere preguntar Ibarreche a los vascos? Lo desconocemos.
Argumenta para mantener la mencionada consulta, programada para el próximo 25 de octubre, que ha comprometido su palabra con la realización de la misma. Es cierto que así es, tan cierto como que reiteró hasta la saciedad que “se realizaría en ausencia de toda violencia”. Con ETA en activo es fácil suponer que tratará de interferir la consulta, sea cual sea ésta, y que la “sociedad vasca perseguida”, que se opone a la misma, no vivirá momentos de tranquilidad.
En estas circunstancias, enterrado unilateralmente el Estatuto de Guernika, roto el marco jurídico – político de entendimiento, con aventuras de autodeterminación de por medio, y con ETA en activo, querido Lehendakari la mayor urgencia política, a mi parecer, reside en alcanzar un gran pacto vasco para la convivencia que nos permita construir un suelo cívico mínimo sobre el que asentar nuestras relaciones y dirimir nuestras diferencias.
Sintetizando, en fin, con un ejemplo para que se entienda lo que sugiero y sólo con la finalidad de suscitar un debate o una reflexión, desde mi modesta opinión, un pacto vasco por la convivencia debería contemplar los siguientes extremos: 1) Rechazo activo de todo tipo de violencia terrorista. Apoyo permanente a las víctimas y solidaridad con los amenazados. 2) Compromiso de erradicar de nuestra sociedad cualquier tipo de discriminación por razones religiosas, étnicas, políticas, lingüísticas o de lugar de nacimiento. 3) Respeto del imperio de la ley y las reglas del juego establecidas, incluidas las que contiene el Estatuto de Gernika, para su reforma. 4) Cualquier cambio del actual marco jurídico -político deberá sustentarse en un amplio acuerdo. Para garantizar este principio se requerirá una mayoría de 2/3 del Parlamento Vasco la modificación del estatus actual. 5) El futuro de Navarra sólo pueden decidirlo los ciudadanos de esta Comunidad Foral. 6) Asumir el compromiso de construir una comunidad o nacionalidad siempre intentando la integración y desechando el frentismo y la exclusión.
Este es el camino posible hacia el entendimiento que requiere una sociedad plural, compleja y atacada por la violencia terrorista. Pretender lograr un acuerdo con Zapatero marginando al socialismo vasco y a otras fuerzas políticas significativas, es decir buscar un pacto en Madrid manteniendo el desacuerdo vasco, es un planteamiento que tiene garantizado el no. Aventurar una consulta popular aboca inevitablemente al enfrentamiento político entre vascos y a las consecuencias de la ilegalidad.
Sin embargo, alcanzado un acuerdo de la naturaleza del mencionado o similar los problemas que nos planteamos en la actualidad se pueden encauzar porque la aceptación de estos principios marcan un camino de entendimiento para construir el futuro y, al menos, señalan con claridad qué es lo que no se pude plantear ni hacer. Espero Lehendakari que sea receptivo a las razones de la parte de la sociedad vasca que no comparte sus planteamientos.
Sobre el pacto de 1978 (04/11/2005) 6 Febrero 2008
Posteado por Benegas en : El País , comentarios cerradosMe correspondió en su día defender en el Pleno del Congreso de los Diputados lo que hoy es el título octavo de la Constitución frente al señor Fraga Iribarne. Viví muy directamente el pacto del 78. Con carácter general debo señalar que no debemos olvidar que la Constitución es algo más que una Carta Magna: es casi un armisticio en virtud del cual una larga historia de convivencia incivilizada y violenta de los españoles trata de ser orientada por los derroteros de la libertad y la tolerancia, comenzando por un amplio pacto sobre los principios y las reglas del juego que debían ordenar nuestra vida en común. En una sociedad de identidades complejas, se trataba también de establecer “un suelo cívico” a partir del cual poder desarrollar en libertad y desde la solidaridad los hechos diferenciales y singulares que confluían en un territorio-Estado común llamado España.
Cuando discutimos si Cataluña es o no una nación estamos desenfocando el debate. En el ámbito teórico o en el de los sentimientos podemos encontrar razonamientos sólidos que abonan una u otra posición. Pero la discusión no puede ser doctrinal ni debe invocarse la polisemia. La cuestión reside en si, una vez que se ha decidido no modificar el artículo 2º de la Constitución, cabe construir una arquitectura política del Estado en la que se puedan incluir más naciones además de la española.
Lo primero que hay que descartar para hacer una aproximación rigurosa al problema es que no se trata, como se dice en ocasiones, de un debate “nominalista” y por lo tanto secundario, más o menos irrelevante. La cuestión de fondo es de suma importancia porque afecta al ámbito de la soberanía, a la regulación del derecho de autogobierno y a la atribución con carácter exclusivo de un marco estatal a la nación española.
Del entramado político formado por los artículos 1º y 2º creo que se deduce con claridad que la voluntad de los constituyentes fue identificar Nación con Estado y con España, formando parte de ésta nacionalidades y regiones con derecho al autogobierno. No caben varias naciones en esta estructuración del Estado en el que la soberanía reside en el pueblo español y éste se organiza en un Estado que se llama España. En el debate constitucional, cuando utilizamos la expresión “nacionalidad” estábamos refiriéndonos a pueblos con señas de identidad propia, la más acusada quizá sea la lengua, que desarrollan su personalidad dentro de un único Estado junto a otros pueblos, siendo todos ellos sujetos del derecho a la autonomía, lo cual supone la renuncia expresa a disponer de un Estado propio, opción que está cegada por el artículo 1º cuando hace referencia a la “indisoluble unidad de la nación española”.
En otro orden de cosas, puede existir un pueblo sin territorio definido, pero no una nación, ya que ésta requiere de una delimitación territorial concreta. En el supuesto de que Cataluña se defina como nación, ésta deberá ser identificada con un territorio que parece no ofrece dudas sería el actual integrado por Barcelona, Lleida, Tarragona y Girona. En esta hipótesis, al ser España al mismo tiempo una nación, ¿cuál sería su territorio? ¿El actual menos el de Cataluña o el actual en su integridad? En este último supuesto, ¿el territorio de la nación catalana sería un subterritorio del de la nación española?
Mi opinión es que si no se modifica el artículo 2º de la Constitución no cabe en el marco jurídico actual otra nación que no sea la española. No se debe tampoco argumentar que nación y nacionalidad es lo mismo porque en la Constitución española son sujetos de derechos diferentes: la soberanía y el Estado, por una parte, y de otra, el derecho al autogobierno.
Dicho lo que antecede, sí creo que con buena disposición sería posible alcanzar una redacción que, respetando los artículos 1º y 2º de la Constitución, permita cohonestar las posiciones encontradas, como fuimos capaces de hacerlo en 1978, cuando se suscitó este mismo debate.
En esta recurrente controversia sobre quiénes somos no alcanzo a entender cómo con reiteración se sostiene que el modelo federal sería la solución para todos los problemas de España. Cuando se hace esta afirmación se ignoran, o no se quieren asumir, varias cosas. Una, que por sus orígenes España no puede ser un Estado federal. Dos, que no existe un modelo federal unívoco, las variantes que se reclaman de este sistema son tan amplias y variadas que la invocación generalista del federalismo es necesariamente difusa e inconcreta. Tres, que el modelo actual español es fruto también de un laborioso pacto mediante el cual se efectuó la síntesis entre tres posiciones, que confluyeron en el debate constituyente: la regionalista, la nacionalista y la federalista. Fruto de ese acuerdo surgió un modelo sui géneris español que es el Estado de las Autonomías. No existe ningún Estado federal que permita un modelo similar al de los conciertos económicos o que contemple la posibilidad que ampara el artículo 150.2 para que competencias exclusivas del Estado pudieran ser delegadas o transferidas a las comunidades autónomas. Son dos muestras de que el Estado autonómico va más allá que los Estados federales en sus posibilidades de descentralización política, al margen de cualquier valoración que de los conciertos económicos o del 150.2 se pudiera tener. Salvo que estemos hablando de otra cosa (confederación, cosoberanías, derecho a decidir, libre asociación, etcétera), deberíamos defender el Estado de las Autonomías como un modelo propio de descentralización política más flexible y adecuado a nuestro país que otros.
Actualizar no supone remover los cimientos de un sistema que ha funcionado satisfactoriamente. No debemos tener miedo al debate en el Congreso. Si se hace con calma, cordialidad y rigor político puede ser además de interesante, fructífero y enriquecedor. Al Estatuto de Gernika, que se aprobó casi por unanimidad en la Asamblea de parlamentarios vascos, se le presentaron por parte de los grupos en el Congreso de los Diputados más de doscientos “motivos de desacuerdo”, así se llamaban entonces las enmiendas. Todos aceptamos que esa posibilidad estaba dentro de la propia esencia de las reglas establecidas. Negociamos, pactamos e hicimos un buen Estatuto, que ha permitido que hoy el País Vasco disponga del mayor nivel de autogobierno que se conoce en el marco de un Estado.
Creo que ha llegado la hora de la Política con mayúsculas. Tenemos la oportunidad de culminar el proceso de elaboración de un buen Estatuto para Cataluña mediante un amplio pacto en el Congreso de los Diputados. Si así fuera, habríamos avanzado significativamente en el asentamiento del autogobierno de los pueblos que componen España. En caso contrario, haríamos buena la frase de Ramón Rubial: “España ha estado siempre, desde que yo la conozco, y la conozco desde mi nacimiento en 1906, como empezando siempre”.
Fuente: TRIBUNA: JOSÉ MARÍA BENEGAS (EL PAÍS) (04/11/2005)
Nadie lo consiguió (29/01/2007)
Posteado por Benegas en : El País , comentarios cerradosHe permanecido en silencio desde que ETA declaró el alto el fuego por estar convencido de que un proceso de esta naturaleza exige mucha discreción y se debe predicar con el ejemplo. Después del atentado de Barajas creo que es el momento de hacer algunas reflexiones. Desde hace tiempo pienso que combatir el terrorismo no es sinónimo de terminar con él. Se puede combatir con la máxima firmeza y con todos los instrumentos del Estado y no terminar con el terrorismo. Depende de la naturaleza de la organización violenta que tengamos enfrente. Combatir por lo tanto es condición necesaria pero no suficiente, así ha sido, por lo menos hasta la fecha, en el caso de ETA.
Respeto la posición de los que sostienen que si ETA estaba casi muerta y derrotada políticamente ¿para qué dialogar?, ¿para qué ofrecerles un acuerdo desde las instituciones democráticas?. Esta posición se fundamente en una ambición digna, derrotar a los que tanto dolor y sufrimiento nos han causado desde que comenzaron sus actuaciones violentas en los años 60 del siglo pasado. Sin embargo, lo cierto es que esta vía expresa un deseo y señala un objetivo más que una realidad palmaria contrastada, porque no se ha demostrado su eficacia definitiva. Después de 40 años de combatir nadie ha conseguido acabar con un terrorismo que ha tenido apoyos sociales no desdeñables y que de alguna manera los mantiene hoy. Es decir durante cuatro décadas esta vía no ha producido el objetivo deseado. ¿Estábamos a punto de conseguirlo?. No lo sé. Lo que no se puede aceptar sin más análisis es que durante la etapa del Sr. Aznar se había casi terminado con ETA. No digo que no haya habido éxitos, pero durante la misma se producen, ni más ni menos 67 víctimas mortales por acciones del terrorismo de ETA, siendo cierto también que durante los últimos diez meses de ese periodo no sufrimos atentados mortales.
Dicho esto, es preciso señalar que, la opción de buscar un final dialogado se demuestra, una vez más, que también tiene sus complicaciones. He estado de acuerdo con el Presidente Zapatero en el empeño de intentar, con los datos que se disponían en el momento en que se toma la decisión, un final de estas características ya contemplado en el Pacto de Ajuria Enea del año 1.988, por cierto suscrito también por el PP. Lo ocurrido durante estos nueve meses indica, como he mencionado, que esta vía también tiene serios inconvenientes que la hacen complicada. Una dificultad grave es tener al PP en contra. No pretendo señalar culpabilidades, sólo constato un dato de la realidad. No cuestiono la legitimidad de su posición, sí los excesos, descalificaciones y argumentario falso sobre las supuestas cesiones del Presidente Rodríguez Zapatero con los que se ha intentado entorpercer el proceso y desgastar al Gobierno. Ahora bien, a la hora de analizar los problemas que tiene un final dialogado no podemos ignorar que objetivamente actitudes de esta naturaleza marcan los límites del proceso, tienen la capacidad de condicionarlo y de convertirlo en una especie de calvario político para quien lo intenta.
Los otros inconvenientes importantes provienen del mundo de Batasuna y de ETA. El primero es que se confirma una vez más, que nada es estático en ese ámbito cuando se abre un periodo de tregua, sobre todo si el proceso es largo y no tiene plazo de caducidad. Cuando ETA toma decisiones sobre treguas o altos el fuego, son decisiones controvertidas internamente. Al día siguiente de la tregua los que están en contra se ponen a trabajar. Por eso lo que en un momento determinado dice o plantea Batasuna o ETA puede ser verdad en esa circunstancia, pero puede no serlo después. Entre el primer comunicado y los posteriores hay cada vez más diferencias. Se endurece el lenguaje y las expresiones y se sube el listón de las reivindicaciones. Es decir los planteamientos de la otra parte son cambiantes y dificultan enormemente el proceso. No hay nada peor en una negociación que tener enfrente a alguien que va cambiando continuamente de posiciones y no sabe exactamente lo que quiere. Las reivindicaciones no son las mismas, sino que van in crescendo a medida de que los que están en contra presionan o ganan posiciones.
El segundo gran inconveniente es la inmadurez democrática de los que impulsan el proceso desde Batasuna y ETA. No acaban de entender cuales son las limitaciones de un Gobierno democrático y plantean reivindicaciones que son de imposible cumplimiento para el ejecutivo, aunque éste quisiera, que no es el caso, porque por encima del mismo está la Constitución y la Ley. Lo reconoce el propio comunicado de ETA al señalar como crítica que el Gobierno “ha establecido como tope del proceso los límites de la Constitución española y la legalidad”. Los propios dirigentes “moderados”, por entendernos, de Batasuna son los que anuncian que todo va mal, que el proceso está bloqueado etcétera con lo cual no hacen sino alimentar los argumentos de los que desde un mayor radicalismo están en contra.
Esta falta de capacidad de un análisis político riguroso les lleva a no ser siquiera capaces de resaltar su gran logro, que para mí es el haber conseguido que el Parlamento apruebe y autorice, en ausencia total de violencia, el diálogo entre el Gobierno y ETA. Es decir, una organización terrorista proscrita se convierte, si cumple la condición previa establecida, en interlocutora de un Gobierno democrático por decisión parlamentaria. Ese era para mí el aspecto más positivo para quienes desde Batasuna o ETA habían impulsado o pretendían buscar un final dialogado y lo dilapidan de una manera incompresible, entre otras actuaciones, por la kale borroka y por el atentando de Barajas.
Dicho lo anterior surge la pregunta de si se puede pedir madurez democrática a quienes fundamentaron su fuerza en la utilización de la violencia. Desde mi punto de vista sólo es posible si se produce un liderazgo fuerte que, entendiendo las dificultades y límites de los demás, marque el camino sabiendo que llegará el momento de la verdad en el que los principales escollos y dificultades del recorrido surgirán de sus propias filas. Gerry Adams fue gradualista. Aceptó un Gobierno en el Ulster que no tiene ni el 10% de las competencias que hoy tiene el Gobierno Vasco.
Es evidente que el Gobierno no se puede mover más de lo que ha hecho. Ha actuado correctamente señalando con claridad que no se dan las circunstancias exigidas por la resolución del Congreso de los Diputados para intentar un final dialogado y que ETA ha roto el “proceso”. No obstante la situación es muy diferente a la que se produjo como consecuencia de la ruptura de la tregua de Lizarra. A diferencia de aquel entonces es de importancia significativa la actitud del PNV que ha permanecido apoyando al Gobierno antes y después de la ruptura. La escalada terrorista después de Lizarra fue brutal. En estas circunstancias ETA ha declarado que mantiene el alto el fuego aunque los comunicados después de lo ocurrido no son fiables. La discusión interna en Batasuna y ETA es muy fuerte. Los que ven que se está perdiendo una oportunidad que puede ser irrepetible creo que tienen hoy, después del atentado de Barajas, más argumentos para defender sus posiciones. La inmensa mayoría del pueblo vasco quiere la paz incluidos sectores del abertzalismo radical. Y finalmente, a veces conviene recordarlo, el Estado democrático conserva intactos todos los instrumentos de que dispone para combatir el terrorismo. Nuestra democracia hoy tiene garantizado su futuro. El de los violentos, si persisten en su actitud, es la ilegalidad de Batasuna y la cárcel para los terroristas. Ese futuro no debería tener, a estas alturas de lo que hemos vivido, ningún aliciente para ninguno de ellos.
Salvo que se produzca un milagro, ojala me equivoque, la unidad democrática será incompleta (ausencia del PP) lo cual, sin duda, no es deseable y es negativo para todos pero el acuerdo con los demás no es desdeñable. Quizá un punto de encuentro podría alcanzarse manteniendo vigente los principios de Ajuria – Enea, los diez puntos del Pacto Antiterrorista y por las libertades, sin el preámbulo por ser coyuntural y circunscrito a los dos partidos que pueden gobernar España, buscando además un nuevo acuerdo de todo el arco parlamentario que pudiera inspirarse, por ejemplo, en el Pacto de Madrid de noviembre de 1987. En todo caso deberíamos ser conscientes de que la discrepancia no se está produciendo sobre el fondo del problema, sino sobre cómo debe ser el final del terrorismo. El desacuerdo no es sobre el objetivo que se sitúa en conseguir que ETA desaparezca lo cual supone un anhelo compartido por todos. Las vías controvertidas son dos: combatir hasta la derrota final o combatir buscando también un final dialogado de la violencia respetando la Constitución y las reglas del juego democrático. Las dos posiciones son legítimas y hasta ahora ninguna ha producido el efecto deseado. Soy consciente de que la discrepancia sobre el final no es menor, pero deberíamos ser capaces de bajar el diapasón de la controversia y las descalificaciones y aprender de lo que hicieron Major y Blair para alcanzar un acuerdo de Paz en el Ulster. La política, si no quiere ser banal, tiene una necesidad imperiosa de dotar a cada época de un sentido de la historia. Creo que uno de los más nobles en este momento es conseguir la Paz en el País Vasco. Esta es la tarea pendiente de mi generación y debe seguir siendo, a pesar de las dificultades, una de las prioridades del Gobierno.
Fuente: EL PAÍS (29/01/2007)
Combatir y terminar (25/06/2005)
Posteado por Benegas en : El País , comentarios cerradosCombatir el terrorismo puede no ser sinónimo de terminar con el mismo. Se puede luchar denodadamente contra esta aberración y no terminar con ella. Es lo que ha ocurrido en nuestro país durante 45 años. ETA nació en los años 60 del siglo pasado.
Combatir el terrorismo puede no ser sinónimo de terminar con el mismo. Se puede luchar denodadamente contra esta aberración y no terminar con ella. Es lo que ha ocurrido en nuestro país durante 45 años. ETA nació en los años 60 del siglo pasado. Desde entonces todos los gobiernos que ha tenido España, democráticos o no, han situado como prioridad de su acción terminar con la violencia de la organización terrorista vasca. Hasta el momento presente ninguno lo ha conseguido.
¿Cómo evaluar si una organización terrorista está derrotada? En estas cuestiones, ¿cómo se mide la derrota si la capacidad de hacer mucho daño o no depende de un aviso telefónico? Cuál es la aseveración correcta: ¿no matan más porque no pueden, o porque no quieren? No matar puede no ser sinónimo de organización derrotada. No matar no es lo mismo que dejar de matar aunque hayan transcurrido dos años desde las últimas víctimas mortales. ETA sabe que no puede ganar y el Estado es consciente de que la “débil” ETA puede golpear. Alguien ha calificado la situación muy acertadamente de “derrota cívica” de la organización terrorista, a lo que añadiría pero “sin desaparición del aparato de matar”. Se trata ahora de valorar si es posible alcanzar un final definitivo de la violencia.
Soy muy sensible hacia quienes piensan y mantienen de buena fe (es decir, sin intereses partidistas) que si es verdad que estamos ganando y ETA está derrotada, lo correcto es ganar definitivamente, no anunciar que seremos generosos e intentar que conozcan el polvo de la derrota y la cárcel larga, porque la crueldad padecida y la memoria de nuestros muertos así lo exigen. Respeto profundamente esta posición, máxime si proviene de las víctimas del terrorismo y obedece a convicciones ajenas al deseo de dañar al adversario político. Añado que deberíamos ser conscientes de que, a fin de cuentas y sin restarle importancia a la cuestión, de lo que estamos discutiendo entre nosotros es sobre las modalidades de la victoria, que en todo caso siempre será una conquista de los demócratas.
Como político y también como víctima del terrorismo (he perdido por su acción a algunos de mis mejores amigos), pienso que la ética de la responsabilidad puede conducir a indagar si por la vía del diálogo se puede conseguir que no haya más víctimas del terrorismo. Desde el afecto, nunca acrítico, a la tierra vasca en la que he vivido la mayor parte de mi vida, entiendo que perteneciendo a la generación que luchó y consiguió las libertades democráticas, el Estatuto de Gernika e imaginó y acordó el Pacto de Ajuria- Enea, nuestra asignatura pendiente reside en que nuestros hijos puedan disfrutar de un País Vasco democrático, tolerante y sin violencia, y que volvamos a ser un pueblo querido en toda España por nuestras virtudes y nuestra forma de ser franca y abierta.
Siguiendo el argumento señalaré que si lo consiguiéramos el balance de lo que hemos hecho, con muchas dificultades y pérdidas irreparables, sería al menos satisfactorio. Pero si no lo logramos y la violencia terrorista persiste y marca a las futuras generaciones de vascos como ha estigmatizado a la nuestra estaríamos ante un fracaso colectivo, aunque las responsabilidades de unos y otros no fueran equiparables.
No debemos cometer los errores del pasado. Lo principal es que todos sepamos de qué estamos hablando. Todas las negociaciones anteriores han fracasado entre otras cosas porque han adolecido de un método. Otros señalan que no han avanzado porque ETA no ha querido, lo cual puede ser cierto, pero no es contradictorio con la constatación de la inexistencia de un método. Argel o Suiza constituyen encuentros directos entre el Gobierno de España y ETA, precedidos en ambos casos de una tregua. La prospección necesaria abocó en las dos circunstancias en una mesa en la que se podía hablar de todo sabiendo que nada era posible porque nada estaba preparado, diseccionado, discutido y desbrozado para ser, a falta de los últimos detalles, aprobado. Aquí, ETA. Aquí, el Gobierno; podemos discutir de todo es un método destinado al fracaso y tiene consecuencias legitimadoras peligrosas. Espero que después de 25 años de utilizarlo, salvo en el periodo 91-93, que se hizo más seriamente, lo abandonemos definitivamente.
Ardanza, en su tan invocado documento sobre la pacificación del País Vasco, que es en definitiva una propuesta de método, inició una incompleta distinción entre los posibles diálogos y estableció con categoría propia lo que denomina “el diálogo resolutivo”, entendiendo por tal el que se produce tras el cese de la violencia entre los poderes del Estado y la organización terrorista que viene de deponer las armas y sus entornos políticos. Es decir, el contemplado en el apartado 10 de Ajuria- Enea y replanteado en términos similares por el presidente Rodríguez Zapatero. Desde que Ardanza hizo público su documento en marzo de 1998 han pasado siete años y ese escenario en el que se produce una declaración de abandono de las armas no ha llegado. ¿Cuántos años más hay que esperar? ¿Es posible que pueda llegar sin más, simplemente porque alguien dice: “Ahora toca dejar las armas”?. ¿Nos queremos hacer trampas en el solitario? ¿Somos conscientes de que la otra parte no es unívoca, sino todo lo contrario, y que existen muchos partidarios de convertir a ETA en un fin en sí mismo, teniendo por objetivo su mera perpetuación por encima de cualquier circunstancia, sobre todo si existe gente dispuesta a asumir el relevo? ¿Cómo se recorre el camino hasta que se produzca el cese definitivo de la violencia o, por ejemplo, una “tregua permanente” por utilizar la terminología que inicialmente se aceptó en Irlanda? ¿Por qué hablar para que dejen de matar es malo y negativo si se respetan los compromisos de lealtad entre los partidos democráticos?
Me atrevo a complementar la distinción iniciada por Ardanza señalando que al “diálogo resolutivo”, tal como él lo entiende, le puede preceder el “diálogo para el desistimiento”, es decir, simple y llanamente, aquel que pretende que dejen de matar, porque el terrorismo, además de ser una aberración ética, es un instrumento inútil para conseguir cualquier reivindicación política. El único inconveniente de este tipo de diálogo es que puede servir de legitimación a la organización terrorista, por eso debe desarrollarse con total discreción y, a poder ser, no de manera directa para no involucrar al Gobierno si todo se tuerce. John Hume utilizó muchas horas de conversaciones secretas (diálogos para el desistimiento) con Gerry Adams hasta convencerle de que tenía que conseguir que el IRA abandonara la violencia, como así sucedió. La diferencia con lo que sucede en España es que allí todo empezó porque John Major y Tony Blair también hablaron mucho de Irlanda del Norte y jamás utilizaron este problema de modo partidista o electoral conduciendo todo el proceso de mutuo acuerdo hasta llegar a los acuerdos de Stormont, firmados el 10 de abril de 1998. De otro modo no hubiera sido posible conseguir la paz, inestable, pero en definitiva, la paz en Irlanda del Norte, un conflicto que desde mi punto de vista estaba más enconado, por el odio entre las diferentes comunidades, que el llamado problema vasco, aunque es cierto que existía terrorismo de diferente signo.
Resumiendo. Ningún Gobierno ha terminado con ETA desde que ésta nació en 1960, aunque todos han tenido una clara voluntad para terminar con el terrorismo y es por ello que la idea de la utilización de la violencia con fines políticos está derrotada cívicamente por la democracia. El planteamiento en la lucha contra el terrorismo como un combate hasta la victoria final tiene muchos fundamentos que le asisten, pero no sabemos de cuánto tiempo más estamos hablando por las propias características de la organización terrorista que tenemos enfrente. Los que plantean un cese de la violencia y un diálogo posterior para un final definitivo están haciendo una oferta en el corto plazo buscando una salida, cuando se piensa que el enemigo está débil, que suponga el final de ETA. Una opción de esta naturaleza sólo triunfa si tiene éxito. La oferta del Gobierno socialista es esperanzadora, pero tiene riesgos. Si fracasa nos dirán no sé cuantas cosas y algunos harán todo lo posible para que así suceda. El terrorismo tiene un componente de lucha de voluntades y legitimaciones. Deberíamos ser lo suficientemente inteligentes para convertir un éxito del planteamiento del Gobierno en una victoria de todos los demócratas y un posible fracaso de esta vía en una mayor deslegitimación de ETA ante la sociedad vasca porque nuevamente un Gobierno democrático español ha demostrado voluntad y generosidad para buscar un final que no ha sido atendido ni querido por parte del nacionalismo radical y violento. Hace falta altura de miras. El ruido y las malas artes pueden dar al traste con un empeño noble en su intencionalidad porque tiene por finalidad terminar con la violencia y al igual que hicieron otros creo que es de justicia reconocer que el presidente Rodríguez Zapatero debe tener su oportunidad. Para todos sería mejor que tuviera éxito.
Fuente: TRIBUNA: JOSÉ MARÍA BENEGAS H. (EL PAÍS) (25/06/2005)
Visca Espanya!! (09/10/2004) 5 Febrero 2008
Posteado por Benegas en : El País , comentarios cerradosAsí titulaba un magnífico artículo Juan Maragall, recogido en un bellísimo libro que recopila la correspondencia entre este y Miguel Unamuno. “Porque en este `Visca Espanya´ – decía- caben todos los que estiman a España en espíritu y en verdad. Los únicos que no caben son aquellos que no quieren caber, los enemigos de la España verdadera”. El gran poeta catalán le insistía a Unamuno acerca de la necesidad de desarrollar “el alma ibérica”, contestándole Unamuno a este requerimiento: “¡El alma ibérica! ¡Qué ensueño! Pero nos lo turban castellanistas, bizkaitarras, catalanistas, portuguesistas, andalucistas, etc, que no castellanos, ni vascos, ni catalanes, ni portugueses, ni andaluces etc”.
Hoy España es un proyecto-realidad de convivencia en libertad para todos los pueblos que la componen. Desde mi punto de vista las prioridades de esta legislatura deberían coincidir con las reivindicaciones más sentidas por los ciudadanos que creo no se corresponden con la necesidad de las reformas estatutarias planteadas por los responsables políticos. En todo caso la cuestión está sobre la mesa y deberíamos ser capaces de acertar en la solución actualizando el consenso del 78, empeño este que no está exento de dificultades y riesgos. En primer término porque puede haber tendencias que de tapadillo o abiertamente, (caso vasco), intenten situarnos en un nuevo proceso constituyente, o se abra camino un adanismo que pretenda inventarlo todo otra vez desvirtuando los logros de estos 25 años de máxima descentralización política y administrativa que no tiene parangón en el mundo moderno. En la medida en que tengan audiencia estas posiciones se corre el riesgo de deslegitimar la transición y el proyecto que se desprende de la constitución de 1978. Dejemos claro de una vez por todas que se trata de una actualización del modelo después de cinco lustros de un satisfactorio funcionamiento.
No he entendido desde hace tiempo porque la izquierda no ha defendido como plenamente suyo el proyecto de “La España autonómica” que con carácter “sui géneris” surge del pacto que desemboca en la Constitución del 78 y que la derecha española no compartió y sin embargo defiende hoy como propio. En muchas ocasiones la izquierda difuminaba este proyecto dándole un carácter federal o federalizante cuando la vía del autogobierno a través de los estatutos creo que se adecua mejor a las necesidades de los problemas que había y que hay que afrontar en España. De repente la idea “federalizante” ha sido sustituida por la fórmula de “ la España plural y diversa” confundiendo inexplicablemente lo que es una realidad social y política con un sistema. España ha sido plural y diversa siempre, incluidas las etapas de autoritarismo en las que el sistema no era ni plural ni diverso pero la sociedad española sí. Decir que España es plural y diversa es una obviedad, es una descripción, no es un sistema político. Si queremos formular un proyecto para esa España plural y diversa tendremos que concretarlo y desde mi punto de vista no hay mejor camino que el del autogobierno de las nacionalidades y regiones que componen España iniciado a través de los estatutos de autonomía que posibilita la Constitución del 78. La izquierda debería reivindicar como modelo de Estado propio el que se desprende del “Estado Autonómico” sin más adjetivos calificativos que el de la solidaridad específicamente señalado en el artículo 2º de la Constitución. Además se corresponde con la verdad histórica de nuestro proceso democrático.
No debemos constitucionalizar la expresión “nacionalidades históricas”. El texto del 78 no lo hace refiriéndose a los “territorios que en el pasado hubieren explicitado afirmativamente proyectos de Estatuto de Autonomía….”. Es decir se utiliza la expresión “territorios” aunque si bien es verdad que en el artículo segundo se garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. La Constitución no utiliza la expresión “históricas” creo que con criterio sumamente acertado, porque todos los pueblos de España son históricos en el sentido de que todos tienen su historia y muy rica y entra en el terreno de lo subjetivo el valorar su grandeza o su medianía pero no debería conducir a crear distinciones entre unos y otros.
Lo anterior nos aboca a un tema que deberíamos haber despejado a estas alturas en el seno de la izquierda. Los pueblos no tienen esencia. No hay un ser vasco, andaluz, catalán, etc porque nuestras sociedades son fundamentalmente plurales. Vascos son Arana y Unamuno y es difícil encontrar un elemento común entre ellos salvo su nacimiento en Bilbao, aunque no en el mismo barrio. Los pueblos no tienen por lo tanto esencias sino que vienen marcados por una historia compartida. Es esta la que va dejando un poso identitario difícil de definir pero imposible de negar. Desde un punto de vista progresista la identidad debe estar impregnada por el dinamismo del cambio. El pasado marca indudablemente pero lo que soy y quiero ser va a conformar una identidad necesariamente plural y en movimiento además del signo distintivo de poner una Lengua Propia. Desde esta perspectiva la propuesta de hacer un listado de las Comunidades Autónomas añadiéndoles a continuación un calificativo gradualista según sus méritos, es decir, nación, nacionalidad, región, archipiélago, ciudad, etc, es un despropósito. La Constitución puede, si se quiere, señalar que España se compone de diecisiete Comunidades Autónomas y dos ciudades mencionándolas por su nombre, pero nuestro texto magno no debe nunca calificarlas conceptualmente porque este esquema solo puede ser aceptado por los que pudieran situarse en la primera categoría. Ninguna Comunidad Autónoma puede aceptar políticamente ser calificada de segundo orden sobre todo si el barómetro para concretar su ubicación se sitúa en el mayor o menor alejamiento de la España que tiene una historia común. Es decir cuanto más se cuestiona el proyecto del 78 soy más nacionalidad y cuanto menos se pone en entredicho soy región intrascendente. Esta dialéctica conduce inevitablemente al levantamiento de los techos autonómicos por parte de todos.
España no es una nación de naciones, como se dice habitualmente un primus inter pares, como si la suma de las “características” de los pueblos que la componen produjera un nuevo producto social. España se forja como Estado-Nación en el transcurso de más de quinientos años de historia compartida que forjan una señas de identidad sobre todo hacia el exterior que es imposible negar y que posee además una lengua oficial hablada hoy por cerca de cuatrocientos millones de personas. En el debate constituyente una de las cuestiones más controvertidas fue la inclusión de la palabra nacionalidad como uno de los elementos definitorios de los territorios que componen España. En aquel entonces se utilizó la palabra nacionalidad en el correcto sentido con que fue empleada en el siglo XIX para conceptuar a naciones pequeñas que están integradas por las razones históricas que sean dentro de un Estado-Nación, reservando la expresión nación para aquellas que disponen de una estructura estatal propia. Por lo tanto soy partidario de mantener la formulación contenida en la Constitución del 78 en el sentido de seguir sosteniendo que España está compuesta por nacionalidades y regiones. Formulación esta que cobra todavía más sentido político por cuanto que la Constitución europea que vamos a aprobar próximamente señala en su artículo quinto que la “Unión respetará la identidad de sus Estados miembros, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos, también en lo que respecta a la autonomía local y regional.”
Otra cosa diferente es que seamos conscientes de que el País Vasco y Cataluña presentan problemas políticos que son reales y que no existen en otras Comunidades, como por ejemplo el que haya un porcentaje de ciudadanos de estos territorios que no se sienten españoles y pretenden otra formulación de estado diferente a la actual. Estamos ante un problema político y de esta naturaleza deberá ser la solución. Quizá no podamos aspirar más que a “conllevar” como decía Ortega y Gasset los problemas con estos territorios pero en todo caso cualquier fórmula que pueda ayudar a resolver las cuestiones planteadas por determinados sectores del País Vasco y Cataluña, debe ser sobre todo entendida y asumida por las demás Comunidades como la solución definitiva a un problema de integración y en ningún supuesto puede significar privilegio o discriminación, ni tampoco concesiones gratuitas periódicas sin que se resuelva el problema de fondo que late en algunos planteamientos, es decir la unidad del Estado.
Decidimos en el 78 que la soberanía nacional residía en el pueblo español representado a través de las Cortes Generales. Por lo tanto ninguna decisión de otro ámbito aunque sea por unanimidad puede pre-condicionar la autonomía del Congreso y del Senado para tomar las decisiones que entiendan oportunas los diputados y senadores que representan a la soberanía nacional. Políticamente una propuesta si viene ampliamente apoyada tendrá muchas posibilidades de ser aprobada, pero solo lo pueden decidir los plenos del Congreso y del Senado reunidos a tal fin. Es decir lo que aprueben los Parlamentos Autonómicos puede ser apoyado, rechazado o enmendado por las Cortes en el ejercicio de su soberanía y solo tiene derecho de veto democrático la mayoría cuando rechaza la toma en consideración de alguna iniciativa parlamentaria. Estas reglas del juego además son sabias porque conducen al pacto y al acuerdo.
La izquierda no puede abdicar de la idea del Estado como instrumento básico para desarrollar las políticas de redistribución, luchar por la igualdad de oportunidades, combatir la exclusión, garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, implementar políticas de defensa del medio ambiente, combatir el terrorismo etc. Un sano criterio descentralizador no debe llevar a la socialdemocracia a preferir el Estado anoréxico al Estado fuerte y eficaz, ni a caer en la simplificación de que todo lo que es reivindicación autonómica es bueno y está legitimado o que la defensa de instrumentos esenciales en manos del Estado es un atavismo recalcitrante. Desde hace algún tiempo invoco una frase de Jose R. Recalde que me llamó la atención en el sentido de que el “máximo autonómico puede no coincidir con el óptimo autonómico”. El Estado anoréxico es por razones diferentes un objetivo de los neoliberales partidarios del mínimo intervencionismo estatal y de los nacionalistas porque si algún día llegara el momento del “tirón final”, este será más factible en el seno de un Estado debilitado que en uno solidamente implantado. No estoy reivindicando un jacobinismo de izquierdas, pero sí la defensa sin complejos de la España común, y de un Estado ampliamente descentralizado pero suficientemente cohesionado, moderno, eficaz y solidario necesario para jugar un papel relevante en la Unión Europea y en el complicado mundo en que nos ha correspondido vivir.
Fuente: EL PAÍS (09/10/2004)