Sobre los poderes del Estado (21/04/1995) 5 Febrero 2008
Posteado por Benegas en : El País , comentarios cerrados“Es preciso incluso que, en las acusaciones graves, el reo, conjuntamente con la Ley, pueda elegir sus jueces, o al menos que pueda recusar tantos que los que queden, puedan considerarse como de su elección“.
No teman; este pensamiento no es mío. Pertenece a Montesquieu. (Del Espíritu de las Leyes. Libro XI, Cap. VI). He querido comenzar así este artículo, alentado por las interpretaciones que sobre la supuesta independencia de los poderes públicos, hacen repetidamente quienes dan pruebas de que nunca leyeron a Montesquieu. Jamás este pensador tan invocado en la actualidad, defendió la independencia de los tres poderes clásicos, como se viene afirmando, ni tal tesis, creo, es sostenible en un Estado democrático, como expondré más adelante.
Montesquieu fundamentó la libertad política ( “la de los estados moderados”) en la necesidad de los contrapoderes, “en el equilibrio y control mutuo” de los poderes públicos, no en la independencia entre los mismos. “Para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder (…) Los tres poderes permanecerán así en reposo o inacción, pero como por el movimiento necesario de las cosas, están obligados a moverse, se verán forzados a hacerlo de común acuerdo”.(op. cit.).
En este sentido Montesquieu argumentó la necesidad de que unos poderes actúen sobre los otros en aspectos que hoy serían inadmisibles en una democracia. Me veo en la necesidad de abusar de las citas para corroborarlo. “Si el poder Ejecutivo no posee el derecho de frenar las aspiraciones del cuerpo Legislativo, éste será despótico, pues, como podrá atribuirse todo el poder imaginable, aniquilará a los demás poderes”. Y, concluye: “el poder Ejecutivo debe participar en la legislación en virtud de su facultad de impedir, sin la cual pronto se vería despojado de sus prerrogativas.” (op.cit.).
En lo que se refiere al poder Judicial, el pensador francés nos aporta una suerte de tipología en la que se recogen aquellos supuestos en los que debe ser sustituido e interferido en sus funciones por el Legislativo cuando el reo sea noble, la ley excesivamente rigurosa, o se trate de un delito contra el pueblo.
Dicho esto, cabría formular algunas preguntas en torno a la separación de poderes en el Estado de Derecho, a propósito de ciertas polémicas de particular actualidad.
¿Deben existir poderes independientes en una democracia? Desde mi punto de vista, ningún poder público debe estar exento de los controles necesarios que limiten su tendencia a constituirse en poder predominante a costa de los demás. Los controles deben ser mutuos. La complejidad de la cuestión se incrementa en las sociedades modernas, en las que no podemos reducir el sistema democrático a la existencia de los tres poderes clásicos sin incurrir en el riesgo de efectuar un análisis reducionista de la realidad. El cuarto poder, los medios de comunicación, (primero según muchos), los grupos de presión económicos opacos, la alianza judicial-mediática, con o sin apoyo de aquéllos, plantea la cuestión -que trasciende el objetivo de este artículo- sobre la existencia de nuevos poderes en las democracias no debidamente sometidos a los controles necesarios y mutuos que reclamaba Montesquieu para el buen funcionamiento de los “estados moderados”.
¿Son poderes independientes el Ejecutivo y el Legislativo? En los sistemas parlamentarios, no. Simplemente tienen funciones diferentes con controles mutuos. Baste recordar la capacidad del Ejecutivo para disolver el Legislativo y la de éste para controlar, exigir responsabilidades, o derribar al Gobierno. Además de ello, tanto el Ejecutivo como el Legislativo están sometidos al Tribunal Constitucional para mantener el imperio de la Ley (esto es, la vigencia de la legalidad) en sus garantías fundamentales.
Se invoca la llamada independencia del poder Judicial o incluso la del juez para situar a uno de los poderes del Estado al margen de los necesarios controles democráticos o de la crítica. Me permito discrepar señalando que la independencia individual del juez pretende garantizar la imparcialidad en su función jurisdiccional pero no puede ser esgrimida para enmudecer cualquier crítica que las actuaciones judiciales puedan suscitar.
El juez, como miembro individual de un poder público no puede preten-der en una democracia sustraerse a la crítica de sus conciudadanos, de la opinión pública o de los representantes de la soberanía popular ¿En virtud de qué fuero pudiera pretenderlo? Gumersindo de Azcárate, abundando en este aspecto, se pronuncia por “someter a la crítica las sentencias con que se terminan los juicios exigiendo a los que las dictan, aquella cuenta que todo funcionario del Estado debe estar dispuesto a dar de sus actos ante el Tribunal de la opinión pública, cuya jurisdicción tiene una esfera mucho más amplia que la taxativa y propia de los Tribunales encargados de exigir a los jueces la responsabilidad civil o criminal en que puedan incurrir” (de Azcárate. El régimen parlamentario en la práctica).
Así mismo, se alude a la independencia del juez para acallar las críticas sobre sus actuaciones. En este ámbito, la profusión de interpretaciones interesadas, obligan a insistir en lo que debería ser obvio: la independencia no es una prerrogativa o derecho del juez sino que constituye una garantía del reo o inculpado para preservar el derecho, que a éste le asiste, a un juicio imparcial. Dicho esto, se suscita la cuestión de si el derecho a la crítica de las actuaciones judiciales puede menoscabar su imparcialidad o indepen-dencia. Se supone que las personas que imparten Justicia deben tener la tem-planza suficiente y la madurez necesaria para mantener su independencia de criterio. “El juez no debe tener miedo mas que a una cosa: a ser injusto” (de Azcárate ob. cit.). Lo que resulta inaceptable es que se pretenda enmudecer cualquier voz discrepante aludiendo a la necesidad de independencia porque ello conlleva, entre otras cosas, presuponer la fragilidad personal y moral, o la inmadurez psíquica de quien tiene la gran responsabilidad de juzgar a sus conciudadanos.
El Judicial, además de un poder del Estado en las democracias moder-nas, constituye un servicio público de primera magnitud. ¿Puede un poder que a su vez constituye un servicio a los ciudadanos, no estar sometido a control ni a exigencia de responsabilidad alguna? Evidentemente no.
El sistema constitucional español configura un órgano de gobierno del poder Judicial, al igual que existen en otros países, con una composición mixta integrada por jueces y personas de reconocida trayectoria y prestigio en el ámbito del derecho. Sin embargo, en nuestro caso, el legislador a la hora de elaborar la Ley Orgánica del Poder Judicial olvidó algo importante. ¿Ante quién responde el órgano de gobierno de los jueces? No está determinado. Debería rendir cuentas ante el Parlamento en tanto constituye un servicio público esencial en las democracias, sobre el que a los políticos sí se nos exigen responsa-bilidades por las deficiencias en su funcionamiento. ¿Por qué a los represen-tantes del pueblo, sí, y a los que gobiernan el poder Judicial, no?
Muchas cuestiones me dejo en el tintero, pero no quiero concluir sin reafirmar, como representante del pueblo y como ciudadano, el derecho que me asiste para denunciar las violaciones de la presunción de inocencia y del secre-to sumarial a las que asistimos uno y otro día. Estas se producen en virtud de la alianza judicial-mediática, tan explosiva como obvia, (más las acusaciones particulares pagadas por personajes desestabilizadores) que conduce a entablar juicios paralelos, crear un estado de opinión pública propicio a la condena, sin que se haya podido ejercitar el derecho a la defensa que le asiste a todo ciudadano, porque el campo donde se dilucida la moralidad de las personas no es el de los Tribunales y las sentencias que dictan, sino el de la opinión pública que ha sido instruida antes de que se llegue a aquel trámite procesal. En este caso, el abuso de la prisión preventiva conduce inevitablemente, sobre todo tratándose de personas públicas, a una precondena.
No puedo dejar de mostrar mi extrañeza ante los procesos por procedi-mientos abreviados que se prolongan durante varios años, entre otras razones porque se transgrede el principio acusatorio ( la investigación de hechos concretos) y se emprenden investigaciones inquisitoriales y universales, que de una parte causan daño por su amplitud y prolongación indeterminada, de otra impiden que el proceso discurra en tiempo justo, cuando no conducen a la pérdida del juez en la propia maraña de la investigación y, por ende, a su incapacidad para terminarla. Qué decir, de las informaciones periodísticas que pretenden dirigir la investigación judicial, de la búsqueda intencionada del arrepentido ante la falta de pruebas, de la interpretación abusiva que algunos jueces hacen del vago y poco delimitado concepto de “inculpado”, o del de “alarma social” formulado con frecuencia de forma inconcreta y genérica para fundamentar la prisión preventiva, contribuyendo con ello a incrementar la inseguridad jurídica. Si, realmente, existe alarma social, no parece descabellado suponer que ésta no podrá superarse o acallarse posteriormente mediante una fianza. Son sólo ejemplos de una situación que requiere del restablecimiento de reglas claras para que principios del Estado de Derecho no sean vulnerados.
Es preciso que la Magistratura reencuentre su propio equilibrio entre la tentación de “ser la conciencia ética de la sociedad”, las normas de derecho que constituyen un sistema de garantías para el ciudadano, y la necesidad de utilizar el bisturí como advertencia social, pero sin llevárselo todo por delante, creando un “vacío de Estado”, un descrédito generalizado del sistema, a fin de cuentas, de una democracia joven que tiene mucho que aprender.
Nuestro país precisa de un debate serio y honesto sobre la Justicia, alejado de los oportunismos al uso y de la instrumentalización política de cualquier investigación judicial en curso. Un debate cuyo objeto no puede ser otro que el de fortalecer nuestro Estado de Derecho, tan invocado como maltratado.
Fuente: El País Madrid, 21 de abril de 1995
La causa vasca (23/01/80)
Posteado por Benegas en : El País , comentarios cerradosHace ya unos días leí en la prensa que algún partido, no recuerdo exactamente cuál, sin duda en un ataque de vesania, se refería a mi persona calificándome de traidor a la causa vasca. Todo es posible. No lo sé. Pero, dolido por el desbarro, reflexioné sobre qué era para mí la causa vasca. Fruto de pensamientos solitarios son estas consideraciones, que, lógicamente, tienen un carácter de introspección personal en cuanto a su contenido.Me siento vasco, pero solamente hasta el límite en el que me siento hombre sin más, al igual que los otros hombres que viven, trabajan, aman y mueren, por ahí, por el mundo, y por otros pueblos de España. Mi patria comienza en Euskadi y termina en ninguna parte, porque en mi vida, en mis capacidades afectivas e intelectuales, caben también otros pueblos, muchos, a los que amo y siento como al mío propio, y son también mi patria sin fronteras. Cuando se superan las fronteras en la solidaridad de los pueblos, en las mentes de los hombres no existe la necesidad de la independencia, que, en el fondo, siempre entraña miedo a convivir con otros.
No me enfervorecen las banderas, que, en cuanto se usan, se convierten en eso, en banderas; ni los himnos que enardecen a los pueblos tanto para las causas más nobles como para las más deleznables; ni los mártires, que los hay, y muchos, pero que cuando son de verdad permanecen en el anonimato; ni las tradiciones, porque, salvo alguna excepción, son aburridas; ni los territorios históricos, por que no conozco ningún territorio que no sea histórico; ni los fueros, no por nada, sino porque son viejos, pertenecen al pasado, y los pueblos deben caminar hacia adelante construyendo, día a día, su propia historia, sin la nostalgia permanente de revivir el pasado, que fue, pero que no es posible, al cabo de los siglos, resucitar con las arrugas frescas.
No me agrada, en absoluto, que este pueblo tenga que contar siempre con presos en las cárceles, produciendose esa extraña simbiosis ideológica de guerras y amnistía al unísono, no sabiendo uno exactamente si es que estamos en guerra o estamos en amnistía. O si tenemos que hacer guerra para poder solicitar después amnistía. O si nuestra amnistía es la guerra, porque en medio de nuestras incapacidades necesitamos tener presos para demostrar que existimos. Queridos compatriotas: que yo sepa, ahora las guerras producen dolor, muertes, miserias, presos y cárceles. Y las amnistías se producen, que yo sepa también, cuando se pone término a la guerra, que es lo que habría que hacer si fuéramos un país cuerdo.
Me indigna la muerte, estoy aburrido de la muerte. No soporto más que en este pueblo se mate como se mata. La muerte es contrarrevolucionaria en sí misma. Sólo quien defiende la vida como valor supremo del hombre y la libertad, podrá transformar la vida misma de todo un pueblo. ¿Cómo poder creer que los que matan con la frialdad de los desalmados puedan crear una nueva vida en Euskadi? ¿Y si pudieran? No. Muchas gracias. Han matado ustedes demasiado como para que la limpieza en los hombres y en los objetivos que debe presidir toda transformación social pueda ser posible en ustedes. Me ha correspondido en suerte vivir con cierta frecuencia la muerte de cerca, como para haber aprendido que el entorno que deja a su paso es peor que la muerte misma. Y si hay vascos orgullosos de sí mismos, yo siento vergüenza de lo que está ocurriendo en mi pueblo. Desearía no tener que volverme a encontrar con ese dolor que se ahoga en el sollozo, limpio y gravemente trágico al mismo tiempo, de un niño ante su padre asesinado. Desearía no tener que encontrarme a más viudas, con la rabia incontenida en los ojos quebrados por la muerte, cuando, de pronto, te arrancan, sin posibilidad ni siquiera de protestar, con la violencia extrema de lo irrecuperable, algo que era íntimamente tuyo, y que el vértigo de una metralleta convierte en recuerdo para siempre. Lucharé en Euskadi contra la muerte hasta mi muerte misma. No por nada. Sólo por decencia con la vida.
A veces me pregunto si este pueblo, que tanto ha sufrido, sabe vivir sin sufrir, o si, por el contrario, el sufrimiento no se ha convertido en algo consustancial a nuestro ser, sin el cual todavía no ha aprendido a existir. ¿Por qué ser vasco tiene que ser algo siempre tan traumático? ¿Por qué este pueblo no aprende a resolver sus problemas con calma, con paciencia, sin sangre, con espíritu abierto y negociador, sin agresividad? ¿Por qué nuestros más insignes políticos alardean siempre de volver de Madrid «con las manos vacías», como si volver con las manos vacías fuera un éxito del cual se pudiera alardear o fuera condición necesaria para pasar a la historia de Euskadi?
¿Por qué siempre, llorosos e incomprendidos, amenazan con el abandono o abandonan las instituciones democráticas, como viene de hacerlo el PNV? El Parlamento, única garantía de la débil democracia española, no es el Gobierno ni la UCID, es otra cosa más respetable. El CGV no es un instrumento de guerra con Madrid, para bien o para mal; por el momento, es el único órgano común de «gobierno» en Euskadi. Mal ejemplo el del partido mayoritario de Euskadi, que se aproxima en sus actitudes a, Herri Batasuna.
Y, mientras tanto, ¿quién se ocupa de nuestros males, de la crisis económica, de nuestra industria en bancarrota, del paro, de los 50.000 jóvenes que no encuentran trabajo, de la delincuencia que aumenta alarmantemente, del terrorismo, del impuesto revolucionario, de la sanidad, etcétera? Casi nadie. Nosotros no tenemos la culpa de que este país se esté hundiendo irremisiblemente. Nosotros somos buenos y santos y estamos limpios de todo pecado. La culpa de todos nuestros males la tienen los de fuera, esos señores de Madrid que no nos entienden. Nosotros lo hacemos todo bien, pero no tenemos competencias. ¿Por qué nos autoengañamos tanto?
Esta no es mi causa vasca. Ni la independencia, ni las banderas, ni los himnos, ni los fueros, ni las víctimas del terrorismo y del impuesto revolucionario, ni las discriminaciones, ni la intolerancia y la agresividad, ni la insolidaridad con España y sus instituciones democráticas, ni el autoengaño complaciente y fatuo, ni el silencio ante el gangsterismo son mi causa vasca. Lo siento. El fin supremo de la lucha del socialismo democrático es la consecuención del estado de la libertad, superador de la intolerancia, de la injusticia, de las desigualdades económicas, culturales y sociales, de las discriminaciones, de las alienaciones y de la primacía de los intereses privados sobre los colectivos, hasta conseguir que el hombre, en su corta existencia, sea libre en el seno de una sociedad solidaria y no esclavo de una sociedad deshumanizada.
Conseguir el estado de la libertad para Euskadi es por lo que trabajamos los socialistas, tarea que nos parece más importante, sin duda, sea dicho respetuosamente, que las permanentes jeremiadas y guerras que mantenemos con Madrid. La libertad empieza por el respeto a la vida. Me preocupa más la libertad de Euskadi que la lucha por la transferencia de competencias, que con calma y habilidad las conseguiremos, sin duda. Me preocupan más los 100.000 hombres y mujeres que no encuentran trabajo en nuestro pueblo, que, en este momento, Navarra. Es más importante que los ciudadanos accedan al euskera por cariño hacia una lengua que por imposiciones absurdas. Creo en la nueva España y me siento absolutamente solidario y comprometido con el difícil proceso por el que atraviesa de consolidación definitiva de la democracia y de transformación en el estado de las autonomías, experiencia esta única en el mundo con estas características, y que vale más la pena vivirla colaborando para que no se rompa que desentendiéndose del proceso, porque si éste se quiebra, con él caerá también la autonomía vasca. Creo en la Constitución que este pueblo dice haber rechazado, porque es una de las más progresistas de Europa, porque en ella ha tenido cabida un Estatuto como el de Guernica. Quiero alegría para mi pueblo. No un rosario de desgraciado dolor y frustraciones. Tengo a orgullo el haber negociado directamente la preautonomía, el haber dado los primeros pasos reivindicativos de la policía autónoma y el haber colaborado en la consecución del Estatuto de Autonomía.
¿Cuál es la traición de la que me acusa ese determinado partido?
Después de las reflexiones que anteceden, la respuesta es muy sencilla. La traición es no pensar como ellos.
Fuente: TRIBUNA: JOSE MARIA BENEGAS (EL PAÍS) (23/01/1980)